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  • Editorial

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  • 22-10-2018LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS: LO HUMANO Y LO POLÍTICO

    Está de más decir que sean mil o cinco mil los migrantes centroamericanos que han entrado a territorio mexicano tienen que ser tratados con respeto y consideración a su condición. Sus derechos humanos son irreductibles. Esto debe ser garantizado por el Estado Mexicano, sin duda.

    Sin embargo, sería peligroso no tratar de entender todos los elementos que están en juego con situaciones de este tipo.  Guste o no, hay un componente político en todo esto. La demostración de la integración política y económica de esta parte del mundo (Canadá-Estados Unidos-México-Guatemala-Honduras-El Salvador) se concreta no sólo en lo comercial, sino en el tema de la migración. La gente se marcha a donde hay empleos y más seguridad en busca de una mejor vida. Así de simple.

    Por lo pronto, la caravana de migrantes que están en la frontera sur de México ha provocado una carambola. Donald Trump ha sacado provecho de la situación para hacer campaña a favor de sus intereses y los del Partido Republicano. Ha rechazado con brutalidad las esperanzas de quienes desean llegar a su país y ha dejado clara su posición: si México no acoge a los migrantes, Estados Unidos les cerrará las puertas. De paso, presiona a los demócratas que desean mejorar su posición en el Congreso. A eso se reduce todo: la suerte de miles en el juego electoral.

    En Guatemala y Honduras el asunto ha causado también una sacudida debido, principalmente, a la amenaza de Estados Unidos de suspender toda ayuda a los países de la región centroamericana. Por lo pronto, las autoridades hondureñas anuncian que los migrantes de su país fueron engañados por un exdiputado, quien habría dicho que México los recibiría y le daría paso franco a la frontera norte.  Esto explicaría por qué algunos migrantes trataron de entrar a la fuerza y agredieron policías federales y a periodistas mexicanos. Guatemala ha decidido cerrar su frontera y Honduras también ha anunciado que no permitirá la salida de más caravanas. Estas son políticas equivocadas e insostenibles. En el caos informativo, se asegura que cientos, probablemente miles, de hondureños han regresado a su país.

    En México, el presidente Peña Nieto maniobra entre la amenaza de Trump y el compromiso de respetar los derechos humanos de los migrantes. Conforme a las leyes, no se puede dejar pasar al contingente sin antes verificar quiénes son y qué pretenden, como lo haría cualquier otro país. Lo cierto es que el gobierno federal administra el asunto y espera que lo ayuden a resolver los presidentes centroamericanos. Es obvio que se quiere dejar el paquete a la siguiente administración.

    El presidente electo López Obrador es elusivo con el asunto. Afirma que se debe proteger los derechos humanos de los migrantes, pero señala que no criticará al gobierno peñista. Se diría que es una posición cómoda, pero lo cierto es que es acertada. Él no puede pedir que se abra la frontera sin restricciones porque a la vuelta de la esquina tendría un problema mayor. Tal vez esté consciente de que la migración puede ser un asunto que lo debilite ante el creciente número de mexicanos que no desean ver la llegada de extranjeros. Es posible que la mayoría de mexicanos piense que hay que ser solidarios, pero también es cierto que ha crecido mucho el número de personas que son abiertamente xenófobas. La migración puede quitarle apoyo a AMLO.

    Pero hay un asunto en que el tabasqueño tiene razón. La migración excede las capacidades de una sola nación, es menester atender en el asunto en forma global, con el compromiso de Estados Unidos y Canadá. De lo contrario, no hay salida al problema.

    Está de más decir que sean mil o cinco mil los migrantes centroamericanos que han entrado a territorio mexicano tienen que ser tratados con respeto y consideración a su condición. Sus derechos humanos son irreductibles. Esto debe ser garantizado por el Estado Mexicano, sin duda.

    Sin embargo, sería peligroso no tratar de entender todos los elementos que están en juego con situaciones de este tipo.  Guste o no, hay un componente político en todo esto. La demostración de la integración política y económica de esta parte del mundo (Canadá-Estados Unidos-México-Guatemala-Honduras-El Salvador) se concreta no sólo en lo comercial, sino en el tema de la migración. La gente se marcha a donde hay empleos y más seguridad en busca de una mejor vida. Así de simple.

    Por lo pronto, la caravana de migrantes que están en la frontera sur de México ha provocado una carambola. Donald Trump ha sacado provecho de la situación para hacer campaña a favor de sus intereses y los del Partido Republicano. Ha rechazado con brutalidad las esperanzas de quienes desean llegar a su país y ha dejado clara su posición: si México no acoge a los migrantes, Estados Unidos les cerrará las puertas. De paso, presiona a los demócratas que desean mejorar su posición en el Congreso. A eso se reduce todo: la suerte de miles en el juego electoral.

    En Guatemala y Honduras el asunto ha causado también una sacudida debido, principalmente, a la amenaza de Estados Unidos de suspender toda ayuda a los países de la región centroamericana. Por lo pronto, las autoridades hondureñas anuncian que los migrantes de su país fueron engañados por un exdiputado, quien habría dicho que México los recibiría y le daría paso franco a la frontera norte.  Esto explicaría por qué algunos migrantes trataron de entrar a la fuerza y agredieron policías federales y a periodistas mexicanos. Guatemala ha decidido cerrar su frontera y Honduras también ha anunciado que no permitirá la salida de más caravanas. Estas son políticas equivocadas e insostenibles. En el caos informativo, se asegura que cientos, probablemente miles, de hondureños han regresado a su país.

    En México, el presidente Peña Nieto maniobra entre la amenaza de Trump y el compromiso de respetar los derechos humanos de los migrantes. Conforme a las leyes, no se puede dejar pasar al contingente sin antes verificar quiénes son y qué pretenden, como lo haría cualquier otro país. Lo cierto es que el gobierno federal administra el asunto y espera que lo ayuden a resolver los presidentes centroamericanos. Es obvio que se quiere dejar el paquete a la siguiente administración.

    El presidente electo López Obrador es elusivo con el asunto. Afirma que se debe proteger los derechos humanos de los migrantes, pero señala que no criticará al gobierno peñista. Se diría que es una posición cómoda, pero lo cierto es que es acertada. Él no puede pedir que se abra la frontera sin restricciones porque a la vuelta de la esquina tendría un problema mayor. Tal vez esté consciente de que la migración puede ser un asunto que lo debilite ante el creciente número de mexicanos que no desean ver la llegada de extranjeros. Es posible que la mayoría de mexicanos piense que hay que ser solidarios, pero también es cierto que ha crecido mucho el número de personas que son abiertamente xenófobas. La migración puede quitarle apoyo a AMLO.

    Pero hay un asunto en que el tabasqueño tiene razón. La migración excede las capacidades de una sola nación, es menester atender en el asunto en forma global, con el compromiso de Estados Unidos y Canadá. De lo contrario, no hay salida al problema.

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  • 19-10-2018TRUMP Y LOS MIGRANTES

    El día de ayer se puede decir que todo empezó con la amenaza de Donald Trump de sellar la frontera EUA-México, con apoyo del ejército, si el gobierno mexicano permitía el paso de la caravana de migrantes centroamericanos. Marcelo Ebrard, convertido en analista político y no en futuro secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que no le sorprende la posición del presidente norteamericano pues son tiempos electorales en Estados Unidos. Gran descubrimiento. Hay que preguntarse si ya convertido en funcionario esas serán las opiniones que haga.

    ¿Es capaz Donald Trump de cumplir su promesa de sellar la frontera? Esta acción atraería un colapso en muchos niveles dada la compenetración de ambos países. Sin embargo, el habitante de la Casa Blanca es capaz de hacerlo si las encuestas le dicen que ganaría más de lo que perdería.

    La declaración de Trump estuvo precedida en un día por la promesa del presidente electo de que dará visas y trabajo a los centroamericanos.[1] Sin embargo, ese día (17 de octubre) se negó a contestar claramente si él permitiría el paso a la caravana de migrantes que espera en Guatemala. Esta ambigüedad, típica de AMLO ante temas que no entiende o ignora, no bastó para evitar que los medios resaltaran aquello de darle visas y trabajo a los centroamericanos. ¿Sabe el futuro presidente de qué tamaño es el problema? Los datos dicen que cada año ingresa a México un número comprendido entre 250 y 300 mil guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calcula que entre 30 y 50% de este número de personas opta por quedarse en México, especialmente en el sur, ante las restricciones norteamericanas para entrar y los peligros que representa atravesar el territorio nacional. Esto significa que se quedan en México entre 100 y 130 mil personas procedentes de Centroamérica. Esto sin contar las que están llegando de Venezuela, Colombia, Cuba, Argentina o Haití, que según el Instituto Nacional de Migración son las procedencias de las personas que más piden nacionalizarse como mexicanos.

    Si a AMLO, que le gusta hacer encuestas, hiciera una consulta entre los mexicanos acerca de que hay que recibir a los hermanos latinoamericanos, caribeños o africanos tal vez se llevaría una sorpresa amarga. Una encuesta[2] del CIDE de 2011 encontró que hay la doble moral habitual en estos casos: los mexicanos opinan que los connacionales en Estados Unidos deben tener derechos y tener acceso a empleos, salud y otros servicios, pero cuando el asunto se traslada a los migrantes que llegan al país, el 34% de los encuestados estuvo de acuerdo con aumentar los controles fronterizos, 28% en deportarlos a su país de origen; sólo el 9% estuvo de acuerdo en permitir su entrada.

    En general, el PRI y los demás partidos han mantenido una postura de apertura hacia la migración, pidiendo que se reconozcan los derechos de quienes llegan al país. Sin embargo, cabe preguntarse cuánto tiempo más esa opinión podrá sostenerse en un mundo que se cierra a los migrantes (Suecia, Alemania, Francia, España y un largo etcétera). Buena parte del éxito de las ahora boyantes ultraderechas se debe a su opinión en contra de los migrantes “ilegales”, un calificativo nauseabundo, pero muy usado.

    Regresando a Trump, su amenaza puso a pensar (¿temblar?) a Peña y a López. El actual presidente parece inclinarse a retardar la entrada de la caravana unos 45 días y dejarle el problema a su sucesor. La política del avestruz (dicho sea de paso, estas aves no entierran la cabeza, pero los políticos sí). El siguiente presidente tendrá en sus manos el problema y tendrá la opción de cumplir su palabra o bien hacer lo que otros presidentes han hecho: abiertos y solidarios en el discurso y en la práctica regresar a cuantos migrantes se pueda (el año pasado se deportaron más de 80 mil centroamericanos mientras se hablaba de la hermandad entre los pueblos.

    ¿Qué hará AMLO? Hay que hacer una consulta.  



    [1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-promete-visa-y-trabajo-para-migrantes-centroamericanos-20181017-0067.html

    [2] Encuesta nacional México, las Américas y el Mundo 2010, Política Exterior: Opinión Pública y Líderes.

    El día de ayer se puede decir que todo empezó con la amenaza de Donald Trump de sellar la frontera EUA-México, con apoyo del ejército, si el gobierno mexicano permitía el paso de la caravana de migrantes centroamericanos. Marcelo Ebrard, convertido en analista político y no en futuro secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que no le sorprende la posición del presidente norteamericano pues son tiempos electorales en Estados Unidos. Gran descubrimiento. Hay que preguntarse si ya convertido en funcionario esas serán las opiniones que haga.

    ¿Es capaz Donald Trump de cumplir su promesa de sellar la frontera? Esta acción atraería un colapso en muchos niveles dada la compenetración de ambos países. Sin embargo, el habitante de la Casa Blanca es capaz de hacerlo si las encuestas le dicen que ganaría más de lo que perdería.

    La declaración de Trump estuvo precedida en un día por la promesa del presidente electo de que dará visas y trabajo a los centroamericanos.[1] Sin embargo, ese día (17 de octubre) se negó a contestar claramente si él permitiría el paso a la caravana de migrantes que espera en Guatemala. Esta ambigüedad, típica de AMLO ante temas que no entiende o ignora, no bastó para evitar que los medios resaltaran aquello de darle visas y trabajo a los centroamericanos. ¿Sabe el futuro presidente de qué tamaño es el problema? Los datos dicen que cada año ingresa a México un número comprendido entre 250 y 300 mil guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calcula que entre 30 y 50% de este número de personas opta por quedarse en México, especialmente en el sur, ante las restricciones norteamericanas para entrar y los peligros que representa atravesar el territorio nacional. Esto significa que se quedan en México entre 100 y 130 mil personas procedentes de Centroamérica. Esto sin contar las que están llegando de Venezuela, Colombia, Cuba, Argentina o Haití, que según el Instituto Nacional de Migración son las procedencias de las personas que más piden nacionalizarse como mexicanos.

    Si a AMLO, que le gusta hacer encuestas, hiciera una consulta entre los mexicanos acerca de que hay que recibir a los hermanos latinoamericanos, caribeños o africanos tal vez se llevaría una sorpresa amarga. Una encuesta[2] del CIDE de 2011 encontró que hay la doble moral habitual en estos casos: los mexicanos opinan que los connacionales en Estados Unidos deben tener derechos y tener acceso a empleos, salud y otros servicios, pero cuando el asunto se traslada a los migrantes que llegan al país, el 34% de los encuestados estuvo de acuerdo con aumentar los controles fronterizos, 28% en deportarlos a su país de origen; sólo el 9% estuvo de acuerdo en permitir su entrada.

    En general, el PRI y los demás partidos han mantenido una postura de apertura hacia la migración, pidiendo que se reconozcan los derechos de quienes llegan al país. Sin embargo, cabe preguntarse cuánto tiempo más esa opinión podrá sostenerse en un mundo que se cierra a los migrantes (Suecia, Alemania, Francia, España y un largo etcétera). Buena parte del éxito de las ahora boyantes ultraderechas se debe a su opinión en contra de los migrantes “ilegales”, un calificativo nauseabundo, pero muy usado.

    Regresando a Trump, su amenaza puso a pensar (¿temblar?) a Peña y a López. El actual presidente parece inclinarse a retardar la entrada de la caravana unos 45 días y dejarle el problema a su sucesor. La política del avestruz (dicho sea de paso, estas aves no entierran la cabeza, pero los políticos sí). El siguiente presidente tendrá en sus manos el problema y tendrá la opción de cumplir su palabra o bien hacer lo que otros presidentes han hecho: abiertos y solidarios en el discurso y en la práctica regresar a cuantos migrantes se pueda (el año pasado se deportaron más de 80 mil centroamericanos mientras se hablaba de la hermandad entre los pueblos.

    ¿Qué hará AMLO? Hay que hacer una consulta.  



    [1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-promete-visa-y-trabajo-para-migrantes-centroamericanos-20181017-0067.html

    [2] Encuesta nacional México, las Américas y el Mundo 2010, Política Exterior: Opinión Pública y Líderes.

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  • 18-10-2018LAS REGLAS ESCRITAS Y LAS REGLAS NO ESCRITAS

    Una de las tácticas favoritas tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, es usar el juego democrático a su favor y en contra de sus adversarios (¿enemigos?). Leyes y reglas son usadas contra la oposición para que esta quede arrinconada, obligada a seguir al pie de la letra el marco legal. Si fallan, los partidos o grupos extremistas saltan de sus asientos y gritan: fraude, corrupción, trampa, sea con razón o sin ella.

    Se podría decir que, en ese caso, todos los partidos independientemente de su posición en el tablero, hacen lo mismo. En efecto, lo hacen, pero la diferencia entre partidos, grupos y personajes con un baño democrático y otros que son extremistas, se da cuando llegan al poder amparados en un gran apoyo popular. Entonces, dejan claro que las leyes y reglas no son para que ellos las obedezcan. Deciden al paso, siempre conforme a sus intereses, sin que les importe la opinión de las minorías. Por lo general, las masas continúan creyendo durante poco o mucho tiempo (por desgracia, suele ser mucho) que esta actitud es adecuada. Históricamente, el proceso por el cual los extremistas se hacen del poder generalmente va acompañado de medios, grupos e intelectuales que, cansados de los sistemas ineficientes, se convierten en aliados, muchas veces involuntarios, de ellos. Parafraseando un dicho de Lula da Silva de hace unos días: castiguen al PT por sus errores, pero reconozcan que hemos sido democráticos; no den el poder a alguien que no lo es. Interesantes palabras que pueden ser usadas para más de una ocasión y país.

    Todo esto viene a colación por la actitud de del presidente electo López Obrador con relación al aeropuerto. Ha dicho cualquier cantidad de cosas, entre ellas que la encuesta es vinculante. Plumas importantes del periodismo han salido a señalarle que dicho ejercicio no es de ninguna manera vinculante desde el punto de vista legal, pues no reúne los requisitos para ello. ¿Cree el político tabasqueño que su solo deseo hace vinculante dicha consulta? En realidad, poco importa si lo cree o no. Él está siendo lo que mejor hace: volver polémico un tema para llamar la atención de sus seguidores. Con esto, se trata de asegurar que la famosa encuesta sea atendida por mucha más gente que si hubiera sido hecha de una manera seria y legal.

    ¿Tendrá éxito? Si la encuesta es respondida por menos de 100 mil personas sin duda podría considerarse un fracaso.  De acuerdo al número de boletas impresas (un millón), un proceso exitoso debería rondar el medio millón de respuestas.

    Tal vez nunca sepamos cuántos van a votar ni cuáles serán los resultados reales. Siendo un ejercicio no legal y tratándose de algo impulsado por ciudadanos (según lo ha precisado Jesús Ramírez, vocero del presidente electo), no están obligados ni a enseñar las boletas y ni siquiera a decir la verdad acerca de cosas elementales: costo real de la consulta, quiénes contarán los votos, etc. Es claro que a AMLO le gustan las reglas no escritas, las suyas.

     

    Una de las tácticas favoritas tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, es usar el juego democrático a su favor y en contra de sus adversarios (¿enemigos?). Leyes y reglas son usadas contra la oposición para que esta quede arrinconada, obligada a seguir al pie de la letra el marco legal. Si fallan, los partidos o grupos extremistas saltan de sus asientos y gritan: fraude, corrupción, trampa, sea con razón o sin ella.

    Se podría decir que, en ese caso, todos los partidos independientemente de su posición en el tablero, hacen lo mismo. En efecto, lo hacen, pero la diferencia entre partidos, grupos y personajes con un baño democrático y otros que son extremistas, se da cuando llegan al poder amparados en un gran apoyo popular. Entonces, dejan claro que las leyes y reglas no son para que ellos las obedezcan. Deciden al paso, siempre conforme a sus intereses, sin que les importe la opinión de las minorías. Por lo general, las masas continúan creyendo durante poco o mucho tiempo (por desgracia, suele ser mucho) que esta actitud es adecuada. Históricamente, el proceso por el cual los extremistas se hacen del poder generalmente va acompañado de medios, grupos e intelectuales que, cansados de los sistemas ineficientes, se convierten en aliados, muchas veces involuntarios, de ellos. Parafraseando un dicho de Lula da Silva de hace unos días: castiguen al PT por sus errores, pero reconozcan que hemos sido democráticos; no den el poder a alguien que no lo es. Interesantes palabras que pueden ser usadas para más de una ocasión y país.

    Todo esto viene a colación por la actitud de del presidente electo López Obrador con relación al aeropuerto. Ha dicho cualquier cantidad de cosas, entre ellas que la encuesta es vinculante. Plumas importantes del periodismo han salido a señalarle que dicho ejercicio no es de ninguna manera vinculante desde el punto de vista legal, pues no reúne los requisitos para ello. ¿Cree el político tabasqueño que su solo deseo hace vinculante dicha consulta? En realidad, poco importa si lo cree o no. Él está siendo lo que mejor hace: volver polémico un tema para llamar la atención de sus seguidores. Con esto, se trata de asegurar que la famosa encuesta sea atendida por mucha más gente que si hubiera sido hecha de una manera seria y legal.

    ¿Tendrá éxito? Si la encuesta es respondida por menos de 100 mil personas sin duda podría considerarse un fracaso.  De acuerdo al número de boletas impresas (un millón), un proceso exitoso debería rondar el medio millón de respuestas.

    Tal vez nunca sepamos cuántos van a votar ni cuáles serán los resultados reales. Siendo un ejercicio no legal y tratándose de algo impulsado por ciudadanos (según lo ha precisado Jesús Ramírez, vocero del presidente electo), no están obligados ni a enseñar las boletas y ni siquiera a decir la verdad acerca de cosas elementales: costo real de la consulta, quiénes contarán los votos, etc. Es claro que a AMLO le gustan las reglas no escritas, las suyas.

     

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  • 16-10-2018LA CONSULTA DE (LA) CUARTA Y LO VOLUNTARIAMENTE OBLIGATORIO

    Se ha dicho hasta la saciedad: la consulta sobre el nuevo aeropuerto está mal concebida, mal explicada y probablemente mal aplicada. Sean cuales sean sus resultados habrá la sospecha de que hubo mano negra. Los argumentos para llevar a cabo dicha consulta son ridículos o falsos. López Obrador señaló que esta especie de referéndum de secundaria se hacía porque era dinero del pueblo mexicano. Sin embargo, al defender su proyecto de Ten Maya ni por asomo ha mencionado que también se haría con dinero del pueblo y que, por lo tanto, debería haber una consulta. 

    Pero más allá de esta contradicción, lo de la encuesta ha dado origen a un divertido sainete, una especie de comedia de equivocaciones en donde algunos políticos nos han recodado a cómicos mexicanos de otras épocas como Clavillazo y Manolín y Shilinsky. Todo buen relato (y este no lo es) comienza casualmente: ayer por la mañana, al dar a conocer la pregunta que se hará acerca del nuevo aeropuerto, Jesús Ramírez, portavoz del presidente electo, anunció que la famosa consulta la pagarán los legisladores de MORENA. 

    Poco después empezó la función: el diputado Porfirio Muñoz Ledo y el senador Ricardo Monreal rechazaron dicha aportación con argumentos encantadores. Dijo PML: "No obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados ni nadie lo ha planteado. Son rumores. No veo cómo podemos financiarlo, a mí nadie me ha pedido" (…) "Evidentemente los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo en que los diputados de Morena, o antes del PRD, enviaban recursos a la campaña del Presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido" (…) "Claro que no es vinculante [la consulta]. Es más un compromiso personal que una obligación vinculante. En realidad es un plebiscito: se consulta a la gente, (aunque) técnicamente es viable. Lo fundamental es que la gente opine".

    Ricardo Monreal tampoco se anduvo por las ramas: "Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos" (…) "No estamos financiando, ningún legislador, ninguna de estas consultas, ni tampoco ningún procedimiento de comunicación directa con la población".1

    Se podría creer que hubo un error en todo esto, una afirmación de Ramírez sin mala intención. Desde luego, sí hubo un error, pero este fue de Muñoz Ledo y Monreal, ¿en qué partido creían que estaban?, ¿en uno donde las voluntades individuales son tomadas en cuenta? Qué rápido se olvidaron ambos legisladores de los modos priistas. Pero como un rayo, el diputado Mario Delgado, en gira con ya saben quien, hizo una deliciosa declaración que contiene un recordatorio de donde están militando. El coordinador de los diputados morenos, quien es responsable de informar a los integrantes de su bancada, señaló que PML no estaba enterado, pero que sí aportarán los legisladores dinero para la consulta. Voluntariamente, aclaró. Voluntariamente a fuerza, por supuesto, ¿o qué se habrán creído? 

    Si hubiera sido en una carpa todo este asunto sería divertido, pero ni es broma ni es risueño, revela un estilo de hacer las cosas que debería preocupar a todos. ¿O acaso México es una carpa?

     

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  • 15-10-2018AMLO: ACTOS DE FE

    Como ningún otro presidente en la historia reciente, André Manuel López Obrador (AMLO) está pidiendo que las personas tengan fe en sus palabras. No está pidiendo confiar en las instituciones, en su programa de gobierno o en sus propuestas legales. Está solicitando todos los días que se tenga de en sus dichos. Si bien todos los presidentes en su inicio solicitan que se crea en ellos, de una manera u otra, todos apoyan su llamado en sus propuestas: Fox prometió que las instituciones funcionarían, Calderón que el crimen organizado sería derrotado y Peña Nieto que sus reformas mejorarían ostensiblemente el país. 

    AMLO no pide nada de esto. La consulta para escoger el lugar donde estará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un error en sí misma, pero además no parece haber una metodología que la respalde. El futuro secretario Jiménez Espriú ha hecho un galimatías de la consulta y, por si fuera poco, la mitad del gabinete está en contra de Texcoco y lo han proclamado a los cuatro vientos. ¿Qué certeza hay de que sea una consulta imparcial o tan solo bien hecha? Ninguna. Hay un problema más: es muy probable que López Obrador ya haya tomado la decisión sobre la base de que Texcoco no se terminaría hasta después de 2024. Seguramente, el presidente electo querría presumir un nuevo aeropuerto y sólo Santa Lucía podría estar lista. Hay que tener fe en la consulta porque “el pueblo sabe”.

    En el caso del Tren Maya, ha pedido que se tenga fe en que no dañará la selva y que se terminará. No ha mostrado ningún estudio de impacto ambiental ni ha dicho que empresas están interesadas en el asunto. La refinería que costará 8 mil millones de dólares y estará lista en tres años, ¿dónde está el proyecto?, ¿quién lo hizo?, ¿de dónde saldrá el recurso? Nuevamente: hay que creer en su palabra. Fe. Garantiza democracia sindical, pero sólo cuando habla del sindicato de petroleros, ¿y los maestros de la CNTE y el SNTE? ¿Y los demás sindicatos? Ni siquiera cae en la cuenta de que al garantizar democracia sindical se entromete en la vida de organizaciones que no están en la esfera de su jurisdicción. Igual que lo hacía el PRI. Pero AMLO pide que se tenga fe en que sus intenciones son buenas.

    Derrotar a la corrupción por el solo deseo; fe. Obras al precio inicial por decreto; hay que tener fe. Elevar la producción petrolera y dejar de vender petróleo a otras naciones. Hay que tener fe en que los recursos alcanzarán, que no se requerirá vender el oro negro y que se alcanzará la autosuficiencia alimentaria.

    Cabe hacer una pregunta: ¿qué pasará cuando una de estas ideas, o varias de ellas, no se concreten? ¿Se mentirá y se dirá que sí se está logrando o se buscarán culpables? ¿Quiénes serán los traidores? Siempre es mejor tener a un político que admita que no logró lo que se proponía, que a un hombre de fe que se cree infalible.

    Como ningún otro presidente en la historia reciente, André Manuel López Obrador (AMLO) está pidiendo que las personas tengan fe en sus palabras. No está pidiendo confiar en las instituciones, en su programa de gobierno o en sus propuestas legales. Está solicitando todos los días que se tenga de en sus dichos. Si bien todos los presidentes en su inicio solicitan que se crea en ellos, de una manera u otra, todos apoyan su llamado en sus propuestas: Fox prometió que las instituciones funcionarían, Calderón que el crimen organizado sería derrotado y Peña Nieto que sus reformas mejorarían ostensiblemente el país. 

    AMLO no pide nada de esto. La consulta para escoger el lugar donde estará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un error en sí misma, pero además no parece haber una metodología que la respalde. El futuro secretario Jiménez Espriú ha hecho un galimatías de la consulta y, por si fuera poco, la mitad del gabinete está en contra de Texcoco y lo han proclamado a los cuatro vientos. ¿Qué certeza hay de que sea una consulta imparcial o tan solo bien hecha? Ninguna. Hay un problema más: es muy probable que López Obrador ya haya tomado la decisión sobre la base de que Texcoco no se terminaría hasta después de 2024. Seguramente, el presidente electo querría presumir un nuevo aeropuerto y sólo Santa Lucía podría estar lista. Hay que tener fe en la consulta porque “el pueblo sabe”.

    En el caso del Tren Maya, ha pedido que se tenga fe en que no dañará la selva y que se terminará. No ha mostrado ningún estudio de impacto ambiental ni ha dicho que empresas están interesadas en el asunto. La refinería que costará 8 mil millones de dólares y estará lista en tres años, ¿dónde está el proyecto?, ¿quién lo hizo?, ¿de dónde saldrá el recurso? Nuevamente: hay que creer en su palabra. Fe. Garantiza democracia sindical, pero sólo cuando habla del sindicato de petroleros, ¿y los maestros de la CNTE y el SNTE? ¿Y los demás sindicatos? Ni siquiera cae en la cuenta de que al garantizar democracia sindical se entromete en la vida de organizaciones que no están en la esfera de su jurisdicción. Igual que lo hacía el PRI. Pero AMLO pide que se tenga fe en que sus intenciones son buenas.

    Derrotar a la corrupción por el solo deseo; fe. Obras al precio inicial por decreto; hay que tener fe. Elevar la producción petrolera y dejar de vender petróleo a otras naciones. Hay que tener fe en que los recursos alcanzarán, que no se requerirá vender el oro negro y que se alcanzará la autosuficiencia alimentaria.

    Cabe hacer una pregunta: ¿qué pasará cuando una de estas ideas, o varias de ellas, no se concreten? ¿Se mentirá y se dirá que sí se está logrando o se buscarán culpables? ¿Quiénes serán los traidores? Siempre es mejor tener a un político que admita que no logró lo que se proponía, que a un hombre de fe que se cree infalible.

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  • 12-10-2018¿PRESOS POLÍTICO O POLÍTICOS PRESOS?

    Casi a diario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace gala de su estilo pasivo-agresivo. Es decir, no ataca directamente al actual gobierno (y a los anteriores), pero dice algo que los descalifica. En esta línea, la declaración de ayer fue que el primero de diciembre próximo dará a conocer un acuerdo o ley para que salgan todos los presos políticos de las cárceles.

    La primera preocupación al respecto es que esta declaración da la impresión de que se vive en un país como Cuba o Venezuela, en donde abundan los presos políticos. ¿Concibe AMLO que actualmente México es así? Una segunda preocupación, no menor, es su alusión al tema luego de anunciar que recibió una carta del hijo del exgobernador Mario Villanueva pidiendo que sea liberado. Esta asociación de ideas, hecha por el propio presidente electo, da cuenta de que considera a Villanueva un preso político. De lo contrario ¿por qué mencionar los dos asuntos juntos? Siguiendo esta línea, habría que preguntarse si también considera preso político a gente como Javier Duarte. Tal vez sí, en el sentido de Elba Esther o Napoleón Gómez Urrutia.

    El término preso político tiene varias interpretaciones, según quien lo defina. Según Wikipedia, un preso político o prisionero político es cualquier persona a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, sin haber cometido un delito tipificado “sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea.” La definición de la Unión Europea es más amplia, considera preso político si:

    -         La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

    -         La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

    -         Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

    -         Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas

    -         La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.[1]

    Ayer mismo, la senadora Nestora Salgado, ella misma considerada por muchos una presa política en su momento, habló de más de 500 presos políticos en el país. En concreto, habló de seis personas de Tlanixco, Estado de México: Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles y Teófilo Pérez González, encarcelados en Almoloya. Sin embargo, la ONU sólo considera como preso político a una persona: Librado Jacinto Baños Rodríguez, quien fue detenido en 2013.

    Pero López obrador no habló de Baños Rodríguez o de los seis de Tlanixco, se refirió específicamente a Mario Villanueva, el hombre acusado de narcotráfico que se declaró culpable de lavado de dinero a favor del Cártel de Juárez ante una corte de los Estados Unidos. ¿Sabe el presidente electo de lo que habla o todo lo hace en el interés superior de la política, no de la justicia?

     



    [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Preso_pol%C3%ADtico

    Casi a diario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace gala de su estilo pasivo-agresivo. Es decir, no ataca directamente al actual gobierno (y a los anteriores), pero dice algo que los descalifica. En esta línea, la declaración de ayer fue que el primero de diciembre próximo dará a conocer un acuerdo o ley para que salgan todos los presos políticos de las cárceles.

    La primera preocupación al respecto es que esta declaración da la impresión de que se vive en un país como Cuba o Venezuela, en donde abundan los presos políticos. ¿Concibe AMLO que actualmente México es así? Una segunda preocupación, no menor, es su alusión al tema luego de anunciar que recibió una carta del hijo del exgobernador Mario Villanueva pidiendo que sea liberado. Esta asociación de ideas, hecha por el propio presidente electo, da cuenta de que considera a Villanueva un preso político. De lo contrario ¿por qué mencionar los dos asuntos juntos? Siguiendo esta línea, habría que preguntarse si también considera preso político a gente como Javier Duarte. Tal vez sí, en el sentido de Elba Esther o Napoleón Gómez Urrutia.

    El término preso político tiene varias interpretaciones, según quien lo defina. Según Wikipedia, un preso político o prisionero político es cualquier persona a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, sin haber cometido un delito tipificado “sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea.” La definición de la Unión Europea es más amplia, considera preso político si:

    -         La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

    -         La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

    -         Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

    -         Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas

    -         La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.[1]

    Ayer mismo, la senadora Nestora Salgado, ella misma considerada por muchos una presa política en su momento, habló de más de 500 presos políticos en el país. En concreto, habló de seis personas de Tlanixco, Estado de México: Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Míreles y Teófilo Pérez González, encarcelados en Almoloya. Sin embargo, la ONU sólo considera como preso político a una persona: Librado Jacinto Baños Rodríguez, quien fue detenido en 2013.

    Pero López obrador no habló de Baños Rodríguez o de los seis de Tlanixco, se refirió específicamente a Mario Villanueva, el hombre acusado de narcotráfico que se declaró culpable de lavado de dinero a favor del Cártel de Juárez ante una corte de los Estados Unidos. ¿Sabe el presidente electo de lo que habla o todo lo hace en el interés superior de la política, no de la justicia?

     



    [1] https://es.wikipedia.org/wiki/Preso_pol%C3%ADtico

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  • 11-10-2018¿AHORA SI VA EL MURO DE TRUMP?

    El Partido Republicano ha sufrido un desgaste de acuerdo a lo que indican algunas encuestas. Mucho de esto se debe, seguramente, a la forma de gobernar (es un decir, como dice el Gil) de Donald Trump. Casi a diario abre la boca para decir algo políticamente inadecuado. Su última hazaña verbal fue decir que su hija Ivanka sería “dinamita” como embajadora de Estados Unidos en la ONU. El propio mandatario dijo que no la propone porque sería acusado de nepotismo. Tal vez jamás se sepa si dijo este para probar el ambiente ante una designación así o simplemente lo dijo porque fue lo primero que se le ocurrió (es lo más probable). Después de esto, presentó a una opción no tan buena en la figura de Dina Powell. Qué manera de figurar para Powell.

    La última metida de pata de Trump fue insistir en el nombramiento de Brett Kavanaugh para la Suprema Corte de Justicia, luego de que fue acusado de ser un acosador sexual, una persona que no puede poner freno a sus instintos y de mentir al Senado. Finalmente, los republicanos tuvieron que elegir entre rechazar el nombramiento y debilitarse aún más o apoyar a Trump. En una decisión absolutamente partidaria sacaron adelante el nombramiento. Sin embargo, todo el proceso afectó las intenciones de voto del partido del magnate.

    Según algunas encuestas, hay amplias posibilidades de que los republicanos logren retener por un pelín el Senado, pero en la Cámara de Representantes, que se cambia en su totalidad, hay altas posibilidades de que logre la mayoría el Partido Demócrata.

    En este clima, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que presentará un proyecto de ley para financiar la totalidad del muro fronterizo. El proyecto buscaría ser aprobado lo más rápido posible ante la posibilidad de la pérdida de la mayoría. A nivel personal, McCarthy busca apoyo para sustituir a Paul Ryan como presidente de la Cámara cuando este último se retire de este puesto a final de año.

    Como complemento, el gobierno federal anunció la anulación de 28 leyes ambientales para acelerar la construcción del muro en el sur de Texas. Por supuesto, el anuncio ha causado una gran conmoción en algunos condados, organizaciones ecologistas e históricas y propietarios privados que se verían afectados. Es casi seguro que la medida sea impugnada ante una corte federal. Finalmente, los republicanos se están uniendo alrededor de la desmesura de Trump no por amor, como diría Borges, sino por el espanto de retroceder en las preferencias electorales.

    De darse las cosas como desea el habitante de la Casa Blanca, ¿qué hará el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?, ¿seguirá diciendo que el trato es cordial, que no se peleará con Trump a causa del muro?

    ¿Qué dirán los analistas que le reclamaban a Peña Nieto que no respondiera de forma airada y algunos que hasta pedían medidas más graves?

    Bueno, siempre es una opción mirar hacia otro lado.

    El Partido Republicano ha sufrido un desgaste de acuerdo a lo que indican algunas encuestas. Mucho de esto se debe, seguramente, a la forma de gobernar (es un decir, como dice el Gil) de Donald Trump. Casi a diario abre la boca para decir algo políticamente inadecuado. Su última hazaña verbal fue decir que su hija Ivanka sería “dinamita” como embajadora de Estados Unidos en la ONU. El propio mandatario dijo que no la propone porque sería acusado de nepotismo. Tal vez jamás se sepa si dijo este para probar el ambiente ante una designación así o simplemente lo dijo porque fue lo primero que se le ocurrió (es lo más probable). Después de esto, presentó a una opción no tan buena en la figura de Dina Powell. Qué manera de figurar para Powell.

    La última metida de pata de Trump fue insistir en el nombramiento de Brett Kavanaugh para la Suprema Corte de Justicia, luego de que fue acusado de ser un acosador sexual, una persona que no puede poner freno a sus instintos y de mentir al Senado. Finalmente, los republicanos tuvieron que elegir entre rechazar el nombramiento y debilitarse aún más o apoyar a Trump. En una decisión absolutamente partidaria sacaron adelante el nombramiento. Sin embargo, todo el proceso afectó las intenciones de voto del partido del magnate.

    Según algunas encuestas, hay amplias posibilidades de que los republicanos logren retener por un pelín el Senado, pero en la Cámara de Representantes, que se cambia en su totalidad, hay altas posibilidades de que logre la mayoría el Partido Demócrata.

    En este clima, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que presentará un proyecto de ley para financiar la totalidad del muro fronterizo. El proyecto buscaría ser aprobado lo más rápido posible ante la posibilidad de la pérdida de la mayoría. A nivel personal, McCarthy busca apoyo para sustituir a Paul Ryan como presidente de la Cámara cuando este último se retire de este puesto a final de año.

    Como complemento, el gobierno federal anunció la anulación de 28 leyes ambientales para acelerar la construcción del muro en el sur de Texas. Por supuesto, el anuncio ha causado una gran conmoción en algunos condados, organizaciones ecologistas e históricas y propietarios privados que se verían afectados. Es casi seguro que la medida sea impugnada ante una corte federal. Finalmente, los republicanos se están uniendo alrededor de la desmesura de Trump no por amor, como diría Borges, sino por el espanto de retroceder en las preferencias electorales.

    De darse las cosas como desea el habitante de la Casa Blanca, ¿qué hará el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?, ¿seguirá diciendo que el trato es cordial, que no se peleará con Trump a causa del muro?

    ¿Qué dirán los analistas que le reclamaban a Peña Nieto que no respondiera de forma airada y algunos que hasta pedían medidas más graves?

    Bueno, siempre es una opción mirar hacia otro lado.

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  • 10-10-2018SIN ESTADO DE DERECHO

    El informe del World Justice Project (WJP) sobre el Estado de Derecho en México no debería sorprender a nadie, pero será ocasión para que analistas y políticos lo resalten y se lamenten. La oposición culpará al PRI y al gobierno agonizante de Peña Nieto como si tal situación fuera reciente. La nueva mayoría prometerá que las cosas cambiarán, sin entrar en muchos detalles de cómo lo harán.

    Por desgracia, no se requiere de ningún informe para darse cuenta de que no hay Estado de Derecho. Esto se puede constatar a diario. Como en una telenovela rosa, la prensa sigue los grandes casos más sonados de corrupción e influyentismo que siempre terminan en final feliz, con los culpables libres y dispuestos a gozar de los milloncejos que sustrajeron de alguna parte.

    La novedad del índice del WJP es que su información no sólo da cuenta de la situación a nivel nacional, sino que aterriza estado por estado.  Con una escala en donde 1 significa pleno Estado de derecho y 0 ninguno, el promedio de todo el país es de 0.39[1], lo que pone a México en el lugar 92 de 113[2], por debajo de Irán (80) y El Salvador (79). No sorprende que la entidad peor calificada sea Guerrero (0.29), pero sí sorprende un poco que Baja California Sur (0.35) y el Estado de México (0.36) sean los que lo acompañan en el sótano de la clasificación. Tampoco sorprende que Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44) y Zacatecas (0.44) sean los mejores calificados.

    El Índice fue elaborado a partir de 25,600 encuestas en todo el país. Midió rubros como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. La compleja medición es una encuesta de percepción, no de datos objetivos, lo que significa que muchas de las opiniones pueden estar influidas por varios elementos, principalmente por la prensa escrita y electrónica que machaca insistentemente sobre algunas situaciones, sin muchas veces dar un panorama más completo. Por ejemplo, si una obra es terminada a tiempo y con márgenes aceptables de costo no es noticia, pero si una obra se retarda y aumenta su costo sin que se dé una explicación, eso sí es una noticia, más jugosa si el asunto tiene una cifra abultada. Este es el tipo de noticias que bombardea la atención pública. En el resultado de la encuesta también influye lo que el entrevistado entendió de cada pregunta y su nivel de información. Las preguntas a micrófono abierto al azar demuestran que no hay una gran información. En general, se repite lo que más suena en los medios.

    Por supuesto, esto no significa que exista un Estado de Derecho. El Índice muestra que hay una situación real, que es percibida claramente por la población. No se sabe realmente de qué tamaño es el problema, pero se sabe que es muy grave. Es claro que quienes deberían garantizar el Estado de Derecho son las autoridades, los gobiernos, el sistema de justicia, etc. No han cumplido con su trabajo, pero a menos que creamos que se corrompen solos, hay que incluir en la ecuación la responsabilidad que tienen amplios sectores de la población y la iniciativa privada en el problema. También hay que dar un paso atrás y preguntarse con seriedad si esta grave situación revela un problema de funcionamiento o esta es la forma en que realmente funciona la maquinaria. Si es esto último sería terrible.



    [1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-en-lo-general-y-en-sus-entidades-no-cuenta-con-estado-de-derecho-20181009-0059.html

    [2] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-entre-los-peores-en-estado-de-derecho

    El informe del World Justice Project (WJP) sobre el Estado de Derecho en México no debería sorprender a nadie, pero será ocasión para que analistas y políticos lo resalten y se lamenten. La oposición culpará al PRI y al gobierno agonizante de Peña Nieto como si tal situación fuera reciente. La nueva mayoría prometerá que las cosas cambiarán, sin entrar en muchos detalles de cómo lo harán.

    Por desgracia, no se requiere de ningún informe para darse cuenta de que no hay Estado de Derecho. Esto se puede constatar a diario. Como en una telenovela rosa, la prensa sigue los grandes casos más sonados de corrupción e influyentismo que siempre terminan en final feliz, con los culpables libres y dispuestos a gozar de los milloncejos que sustrajeron de alguna parte.

    La novedad del índice del WJP es que su información no sólo da cuenta de la situación a nivel nacional, sino que aterriza estado por estado.  Con una escala en donde 1 significa pleno Estado de derecho y 0 ninguno, el promedio de todo el país es de 0.39[1], lo que pone a México en el lugar 92 de 113[2], por debajo de Irán (80) y El Salvador (79). No sorprende que la entidad peor calificada sea Guerrero (0.29), pero sí sorprende un poco que Baja California Sur (0.35) y el Estado de México (0.36) sean los que lo acompañan en el sótano de la clasificación. Tampoco sorprende que Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44) y Zacatecas (0.44) sean los mejores calificados.

    El Índice fue elaborado a partir de 25,600 encuestas en todo el país. Midió rubros como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. La compleja medición es una encuesta de percepción, no de datos objetivos, lo que significa que muchas de las opiniones pueden estar influidas por varios elementos, principalmente por la prensa escrita y electrónica que machaca insistentemente sobre algunas situaciones, sin muchas veces dar un panorama más completo. Por ejemplo, si una obra es terminada a tiempo y con márgenes aceptables de costo no es noticia, pero si una obra se retarda y aumenta su costo sin que se dé una explicación, eso sí es una noticia, más jugosa si el asunto tiene una cifra abultada. Este es el tipo de noticias que bombardea la atención pública. En el resultado de la encuesta también influye lo que el entrevistado entendió de cada pregunta y su nivel de información. Las preguntas a micrófono abierto al azar demuestran que no hay una gran información. En general, se repite lo que más suena en los medios.

    Por supuesto, esto no significa que exista un Estado de Derecho. El Índice muestra que hay una situación real, que es percibida claramente por la población. No se sabe realmente de qué tamaño es el problema, pero se sabe que es muy grave. Es claro que quienes deberían garantizar el Estado de Derecho son las autoridades, los gobiernos, el sistema de justicia, etc. No han cumplido con su trabajo, pero a menos que creamos que se corrompen solos, hay que incluir en la ecuación la responsabilidad que tienen amplios sectores de la población y la iniciativa privada en el problema. También hay que dar un paso atrás y preguntarse con seriedad si esta grave situación revela un problema de funcionamiento o esta es la forma en que realmente funciona la maquinaria. Si es esto último sería terrible.



    [1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-en-lo-general-y-en-sus-entidades-no-cuenta-con-estado-de-derecho-20181009-0059.html

    [2] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-entre-los-peores-en-estado-de-derecho

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  • 09-10-2018EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

    El Fondo de Cultura Económica (FCE) es un tesoro nacional. Sus publicaciones atraviesan década de llevar buenos libros (algunos no tan buenos), muchos de los cuales no verían la luz en otras editoriales. Alfonso Reyes, Octavio Paz, Dolores Castro, Efraín Huerta, Guadalupe Dueñas, etc., desfilan llevando sus voces a nuevas generaciones. Pero lo cierto es que también los fósiles son un tesoro nacional y sirven para que los estudiosos, unos cuantos, averigüen cosas del pasado para que las conozcan muchos. ¿Este debe ser el destino del Fondo?

    Hay datos interesantes respecto al mundo del libro. En Estados Unidos se venden más libros por internet que en las librerías, pero curiosamente en 2017 se vendieron más libros en su forma física (papel, tinta, cubiertas), que en formato digital. ¿Qué dice este dato aislado?, ¿acaso los lectores prefieren la intimidad del libro a la pornográfica y sugerente pantalla? Es difícil saberlo, pero el hecho es que en México cada día son más los libros que se venden por internet. El comprador ve el anuncio y escoge. Con esto se priva de entrar a una especie de dulcería en la que se encuentran autores y voces, experiencias, denuncias y narraciones. Nada sustituye el viaje a una librería, pero vivimos en la sociedad del cansancio, como diría Byung-Chul Han.

    ¿Cómo deben tomarse estos datos y rediseñar el FCE? Para empezar, señalando que los intereses de lectores, autores, editores y libreros son diferentes. Lo que beneficia a los editores no siempre beneficia a los autores o lectores. Por supuesto, en esta cadena productiva vale tratar de beneficiar a los lectores en un país en donde se lee poco. En ese sentido cabría fijar como propósito principal del Fondo el promover la creación de lectores y llevar buenos libros a un precio accesible. Pero afuera de esta institución ha surgido una tras otra una nueva ola de escritores que no tienen renombre, pero que son excelentes y que están publicando donde pueden. ¿Qué hacemos con ellos?, ¿los debe ignorar el FCE? En principio (y en final) no. Pero, ¿cómo hacer lectores y fomentar la difusión de nuevos autores y al mismo tiempo competir contra librerías y editoriales que son un (respetable) negocio?

    Llega de rebote al FCE un hombre que se ha dedicado a fomentar la lectura. Y a hacer libros también, pero su mejor cara es la de “fomentador”, digamos. No es un burócrata educado, al que se le dio el Fondo como una compensación menor, no. Este es un activista del libro. Tiene en su contra una lengua muy floja que no se arrepiente y un ánimo de radicalidad que lo lleva a querer fusilar a uno que otro. Asegura que prefiere a Revueltas que a Paz (¿por qué escoger?), pero también señala que no impondrá una cultura oficial.

    ¿Es la persona adecuada para dirigir el FCE? Es difícil saberlo, pero no siempre (o casi nunca) los intelectuales son buenos administradores y los militantes de acero con ganas de expropiar tal vez lo sean menos.

    El Fondo de Cultura Económica (FCE) es un tesoro nacional. Sus publicaciones atraviesan década de llevar buenos libros (algunos no tan buenos), muchos de los cuales no verían la luz en otras editoriales. Alfonso Reyes, Octavio Paz, Dolores Castro, Efraín Huerta, Guadalupe Dueñas, etc., desfilan llevando sus voces a nuevas generaciones. Pero lo cierto es que también los fósiles son un tesoro nacional y sirven para que los estudiosos, unos cuantos, averigüen cosas del pasado para que las conozcan muchos. ¿Este debe ser el destino del Fondo?

    Hay datos interesantes respecto al mundo del libro. En Estados Unidos se venden más libros por internet que en las librerías, pero curiosamente en 2017 se vendieron más libros en su forma física (papel, tinta, cubiertas), que en formato digital. ¿Qué dice este dato aislado?, ¿acaso los lectores prefieren la intimidad del libro a la pornográfica y sugerente pantalla? Es difícil saberlo, pero el hecho es que en México cada día son más los libros que se venden por internet. El comprador ve el anuncio y escoge. Con esto se priva de entrar a una especie de dulcería en la que se encuentran autores y voces, experiencias, denuncias y narraciones. Nada sustituye el viaje a una librería, pero vivimos en la sociedad del cansancio, como diría Byung-Chul Han.

    ¿Cómo deben tomarse estos datos y rediseñar el FCE? Para empezar, señalando que los intereses de lectores, autores, editores y libreros son diferentes. Lo que beneficia a los editores no siempre beneficia a los autores o lectores. Por supuesto, en esta cadena productiva vale tratar de beneficiar a los lectores en un país en donde se lee poco. En ese sentido cabría fijar como propósito principal del Fondo el promover la creación de lectores y llevar buenos libros a un precio accesible. Pero afuera de esta institución ha surgido una tras otra una nueva ola de escritores que no tienen renombre, pero que son excelentes y que están publicando donde pueden. ¿Qué hacemos con ellos?, ¿los debe ignorar el FCE? En principio (y en final) no. Pero, ¿cómo hacer lectores y fomentar la difusión de nuevos autores y al mismo tiempo competir contra librerías y editoriales que son un (respetable) negocio?

    Llega de rebote al FCE un hombre que se ha dedicado a fomentar la lectura. Y a hacer libros también, pero su mejor cara es la de “fomentador”, digamos. No es un burócrata educado, al que se le dio el Fondo como una compensación menor, no. Este es un activista del libro. Tiene en su contra una lengua muy floja que no se arrepiente y un ánimo de radicalidad que lo lleva a querer fusilar a uno que otro. Asegura que prefiere a Revueltas que a Paz (¿por qué escoger?), pero también señala que no impondrá una cultura oficial.

    ¿Es la persona adecuada para dirigir el FCE? Es difícil saberlo, pero no siempre (o casi nunca) los intelectuales son buenos administradores y los militantes de acero con ganas de expropiar tal vez lo sean menos.

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  • 08-10-2018EL DESORDEN DEL NUEVO GOBIERNO

    Es claro que organizar a un gobierno es una tarea difícil. Más allá de filias y fobias, es un hecho que buena parte de la alta y baja burocracia del país está conformada por especialistas, expertos o bien gente con experiencia, algo que, por lo que se ve, no abunda mucho en el gobierno entrante. Algo está fallando en el equipo del presidente electo. La razón de este fallo, por lo que se alcanza a ver, es que López Obrador quiso demostrar que el activismo desplegado es equivalente al éxito o el compromiso. Y no, no lo es. Tal vez hubiera sido mejor un perfil más discreto, pero a cambio contar con una buena planeación, y no empujar a gente no avezada a poner manos a la obra.

    Algunas situaciones de la última semana muestran este desorden. El día de hoy, AMLO dará a conocer un mensaje sobre el nuevo aeropuerto, luego de que parte de su gabinete cometiera el error de dar a conocer que no son imparciales, como prometió el presidente electo. Alejandro Encinas y Javier Jiménez Espriú se oponen a la opción Texcoco. Lo más grave no es que mostraran su parcialidad, sino que tienen su propia agenda. O bien, revelaron que su jefe la tiene. En cualquiera de los dos casos es una torpeza.

    Otro tropiezo es la revelación de que los nuevos diputados, incluidos los honestos de MORENA, se aprobaron un pago de fin de año de 209 mil pesos, con menos de cuatro meses en el puesto. Tuvo que intervenir el propio López Obrador, quien pidió a los legisladores transparentar el presupuesto de fin de año. Obviamente, los diputados no entienden el concepto de austeridad y AMLO no entiende el concepto de separación de Poderes.

    La cancelación de cinco foros para la paz (Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, entre el 9 y 22 de octubre) ha despertado críticas de algunas organizaciones y la demostración de que han estado mal armadas, además de que los resultados han sido muy pobres. Otra cosa que resultó mal fue el foro sobre educación celebrado en Acapulco, con la ausencia notoria de Esteban Moctezuma, virtual secretario de Educación. La reunión fue reventada por integrantes de la Central de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que supuestamente son aliados del nuevo gobierno.

    Por otro lado, la defensa del gobernador Blanco en Morelos de parte del propio AMLO y las palabras de futuro subsecretario Encinas diciendo que no lo hará peor que Graco Ramírez (¿fue un elogio?) sellan la idea de un gobierno de filias y fobias, que lejos de ser para todos hará de la lucha política y la acusación en las plazas su estilo “personal” de gobernar.

    ¿Va demasiado rápido AMLO para el resto de su equipo?, ¿su equipo no ha entendido que las agendas personales y de grupo deben quedar atrás?, ¿o caso quieren que se radicalice el presidente electo y adopte las agendas de Encinas o Jiménez Espriú? Tal vez sea momento de tomar un respiro y leerles la cartilla a quienes supuestamente lo apoyarán.

    Es claro que organizar a un gobierno es una tarea difícil. Más allá de filias y fobias, es un hecho que buena parte de la alta y baja burocracia del país está conformada por especialistas, expertos o bien gente con experiencia, algo que, por lo que se ve, no abunda mucho en el gobierno entrante. Algo está fallando en el equipo del presidente electo. La razón de este fallo, por lo que se alcanza a ver, es que López Obrador quiso demostrar que el activismo desplegado es equivalente al éxito o el compromiso. Y no, no lo es. Tal vez hubiera sido mejor un perfil más discreto, pero a cambio contar con una buena planeación, y no empujar a gente no avezada a poner manos a la obra.

    Algunas situaciones de la última semana muestran este desorden. El día de hoy, AMLO dará a conocer un mensaje sobre el nuevo aeropuerto, luego de que parte de su gabinete cometiera el error de dar a conocer que no son imparciales, como prometió el presidente electo. Alejandro Encinas y Javier Jiménez Espriú se oponen a la opción Texcoco. Lo más grave no es que mostraran su parcialidad, sino que tienen su propia agenda. O bien, revelaron que su jefe la tiene. En cualquiera de los dos casos es una torpeza.

    Otro tropiezo es la revelación de que los nuevos diputados, incluidos los honestos de MORENA, se aprobaron un pago de fin de año de 209 mil pesos, con menos de cuatro meses en el puesto. Tuvo que intervenir el propio López Obrador, quien pidió a los legisladores transparentar el presupuesto de fin de año. Obviamente, los diputados no entienden el concepto de austeridad y AMLO no entiende el concepto de separación de Poderes.

    La cancelación de cinco foros para la paz (Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, entre el 9 y 22 de octubre) ha despertado críticas de algunas organizaciones y la demostración de que han estado mal armadas, además de que los resultados han sido muy pobres. Otra cosa que resultó mal fue el foro sobre educación celebrado en Acapulco, con la ausencia notoria de Esteban Moctezuma, virtual secretario de Educación. La reunión fue reventada por integrantes de la Central de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que supuestamente son aliados del nuevo gobierno.

    Por otro lado, la defensa del gobernador Blanco en Morelos de parte del propio AMLO y las palabras de futuro subsecretario Encinas diciendo que no lo hará peor que Graco Ramírez (¿fue un elogio?) sellan la idea de un gobierno de filias y fobias, que lejos de ser para todos hará de la lucha política y la acusación en las plazas su estilo “personal” de gobernar.

    ¿Va demasiado rápido AMLO para el resto de su equipo?, ¿su equipo no ha entendido que las agendas personales y de grupo deben quedar atrás?, ¿o caso quieren que se radicalice el presidente electo y adopte las agendas de Encinas o Jiménez Espriú? Tal vez sea momento de tomar un respiro y leerles la cartilla a quienes supuestamente lo apoyarán.

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  • 05-10-2018ELBA Y EL NUEVO GOBIERNO

    Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió no meterse en la vida de los sindicatos, pero la realidad es que ha opinado mucho. Acerca de Elba Esther Gordillo, cuyo yerno y nieto están apoyando al presidente electo, ha dicho que no hará leña del árbol caído. También ha dicho que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Otro líder, también en líos con la justicia, Napoleón Gómez Urrutia, ahora es senador y ha librado las acusaciones en su contra. Sin embargo, sobre Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, ha dicho que acabará con el charrismo. Como en las películas de Juan Orol, hay charros buenos y hay charros malos.

    El diario El Universal publicó que la maestra Gordillo busca regresar a la cabeza del sindicato de maestros. Para ello, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para que le conceda la reanudación del Congreso Nacional del magisterio de 2013, cuando ella era la líder. De tener éxito se dice que nombraría a un cercano suyo para que tomara las riendas del SNTE.

    Como era de esperarse, la sola noticia ha causado una serie de reacciones. PRD y PAN han criticado la posibilidad y acusan que hay mano negra (o tabasqueña) en el asunto. Por su parte, Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, subrayan que esa es decisión autónoma del sindicato de maestros. Al respecto, AMLO ha dicho que se tiene que garantizar que no haya imposiciones, que debe respetarse el voto libre y secreto. Agrega que esa etapa ya pasó, pero no queda claro si se refiere a que esa etapa en la que el PRI imponía líderes es la que pasó y ahora otros partidos sí pueden hacerlo.

    Habría que preguntarse cuándo ha habido elecciones sindicales libres, con votos que se cuentan. La respuesta es el charrismo o los sindicatos blancos. Incluso, los sindicatos que en los 70 y 80 se denominaban democráticos son ahora abiertamente charros, con líderes vitalicios o camarillas que no sueltan el poder. Ese es el panorama real, así que pedir candorosamente que no haya imposiciones es, simplemente, lavarse las manos de lo que ocurra o bien dejar que operen fuerzas políticas que ahora son parte de su apoyo.

    Es claro que la intención de la maestra Gordillo, de ser cierta la nota de El Universal, no es un hecho inexorable. Falta saber lo que opinan las fuerzas opositoras dentro del sindicato y especialmente la CNTE. También cuenta la opinión de organizaciones civiles, como Mexicanos Primero, o bien la de las organizaciones empresariales que pueden ver en ese regreso un acto indeseable permitido por el presidente que no se mete (dice) en la vida sindical. De igual manera, hay organizaciones internacionales que han aplaudido la reforma educativa y que estarían desencantados con el regreso de quien representa el sindicalismo charro, el estancamiento educativo y la corrupción.

    Tal vez por eso, la idea sería, según la nota periodística, que la maestra Gordillo regrese en noviembre, justo antes de ya saben quien tome posesión. Lo que no fue en su año… Astuto asunto.

     

    Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió no meterse en la vida de los sindicatos, pero la realidad es que ha opinado mucho. Acerca de Elba Esther Gordillo, cuyo yerno y nieto están apoyando al presidente electo, ha dicho que no hará leña del árbol caído. También ha dicho que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Otro líder, también en líos con la justicia, Napoleón Gómez Urrutia, ahora es senador y ha librado las acusaciones en su contra. Sin embargo, sobre Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, ha dicho que acabará con el charrismo. Como en las películas de Juan Orol, hay charros buenos y hay charros malos.

    El diario El Universal publicó que la maestra Gordillo busca regresar a la cabeza del sindicato de maestros. Para ello, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para que le conceda la reanudación del Congreso Nacional del magisterio de 2013, cuando ella era la líder. De tener éxito se dice que nombraría a un cercano suyo para que tomara las riendas del SNTE.

    Como era de esperarse, la sola noticia ha causado una serie de reacciones. PRD y PAN han criticado la posibilidad y acusan que hay mano negra (o tabasqueña) en el asunto. Por su parte, Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, subrayan que esa es decisión autónoma del sindicato de maestros. Al respecto, AMLO ha dicho que se tiene que garantizar que no haya imposiciones, que debe respetarse el voto libre y secreto. Agrega que esa etapa ya pasó, pero no queda claro si se refiere a que esa etapa en la que el PRI imponía líderes es la que pasó y ahora otros partidos sí pueden hacerlo.

    Habría que preguntarse cuándo ha habido elecciones sindicales libres, con votos que se cuentan. La respuesta es el charrismo o los sindicatos blancos. Incluso, los sindicatos que en los 70 y 80 se denominaban democráticos son ahora abiertamente charros, con líderes vitalicios o camarillas que no sueltan el poder. Ese es el panorama real, así que pedir candorosamente que no haya imposiciones es, simplemente, lavarse las manos de lo que ocurra o bien dejar que operen fuerzas políticas que ahora son parte de su apoyo.

    Es claro que la intención de la maestra Gordillo, de ser cierta la nota de El Universal, no es un hecho inexorable. Falta saber lo que opinan las fuerzas opositoras dentro del sindicato y especialmente la CNTE. También cuenta la opinión de organizaciones civiles, como Mexicanos Primero, o bien la de las organizaciones empresariales que pueden ver en ese regreso un acto indeseable permitido por el presidente que no se mete (dice) en la vida sindical. De igual manera, hay organizaciones internacionales que han aplaudido la reforma educativa y que estarían desencantados con el regreso de quien representa el sindicalismo charro, el estancamiento educativo y la corrupción.

    Tal vez por eso, la idea sería, según la nota periodística, que la maestra Gordillo regrese en noviembre, justo antes de ya saben quien tome posesión. Lo que no fue en su año… Astuto asunto.

     

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  • 04-10-2018¿Y LA CONSULTA, APA?, ¿Y LA IMPARCIALIDAD?

    El diario Reforma informa hoy en sus ocho columnas: Tunde al NAIM nuevo gabinete. El desarrollo de la nota describe una reunión de algunos integrantes de primer nivel del futuro gobierno con activistas, pobladores y vecinos de 17 municipios cercanos al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Estas personas son parte de la oposición que desde principios de este siglo enfrenta la obra.

    La nota menciona brevemente algunas de las razones de estos vecinos y activistas para oponerse a lo que probablemente será el NAIM, pero lo que destaca es la oposición de los futuros funcionarios. Alejandro Encinas, quien será subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (y eventualmente secretario de Gobernación) asegura que "El aeropuerto es un enorme error desde cualquier ángulo" y agrega: "Evidentemente es uno de los grandes errores y un monumento a la corrupción".

    Por su parte, Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, subrayó como se han disparado los costos de las obras, la ostentación de las mismas y las afectaciones al medio ambiente. En términos parecidos se manifestaron quienes serán los titulares de Bienestar Social, María Luisa Albores, y de SEDATU, Román Meyer. Jesús Ramírez, próximo vocero presidencial, se unió al coro de inconformes.

    Del otro lado de la mesa, se escuchan anuncios radiales ponderando las virtudes de la obra. Estos anuncios, a cargo del gobierno federal que se va, hablan del NAIM Texcoco como si estuviera a punto de ser terminado cuando los datos más optimistas lo fechan en 2021. Entre estos apoyadores a la obra se encuentra Alfonso Romo, a quien el diario, de una manera cuestionable, lo hace decir que descarta el frenar la construcción del nuevo aeropuerto.

    Más allá del amarre de navajas periodístico, lo real es que faltan poco más de tres semanas para que se realice la famosa consulta acerca de si continúa el proyecto Texcoco o bien se cambia por el de Santa Lucía. Hasta la fecha no se sabe cómo será este ejercicio. El propio AMLO habló de que puede ser una votación con casillas o bien una encuesta o las dos cosas (o lo que diga su dedito). Es probable que ya no sea tiempo de hacer una buena organización tipo elecciones y, por otra parte, es de suponer que las casas encuestadoras necesitan tiempo para preparar un despliegue nacional que pregunte a un número representativo de personas. En un esquema democrático y no populista, como el presente, se habría designado ya el período de información para ambas opciones y quienes serían los encargados de responder las preguntas, dudas y cuestionamientos en cada caso. No hay nada de eso. También, se habría pedido a los integrantes del gobierno que se va y el que entra que cerraran la boca sobre sus opiniones personales acerca de los proyectos en discusión.

    Como es notorio el tiempo se agota y no se ve nada de eso. Todo este tema de la consulta parece más bien un ejercicio de descargo de responsabilidad para quien será el presidente. Si gana Texcoco o Santa Lucía fue la gente la que quiso, no López Obrador. Cueste lo que cueste, salga como salga.

    El diario Reforma informa hoy en sus ocho columnas: Tunde al NAIM nuevo gabinete. El desarrollo de la nota describe una reunión de algunos integrantes de primer nivel del futuro gobierno con activistas, pobladores y vecinos de 17 municipios cercanos al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Estas personas son parte de la oposición que desde principios de este siglo enfrenta la obra.

    La nota menciona brevemente algunas de las razones de estos vecinos y activistas para oponerse a lo que probablemente será el NAIM, pero lo que destaca es la oposición de los futuros funcionarios. Alejandro Encinas, quien será subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (y eventualmente secretario de Gobernación) asegura que "El aeropuerto es un enorme error desde cualquier ángulo" y agrega: "Evidentemente es uno de los grandes errores y un monumento a la corrupción".

    Por su parte, Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, subrayó como se han disparado los costos de las obras, la ostentación de las mismas y las afectaciones al medio ambiente. En términos parecidos se manifestaron quienes serán los titulares de Bienestar Social, María Luisa Albores, y de SEDATU, Román Meyer. Jesús Ramírez, próximo vocero presidencial, se unió al coro de inconformes.

    Del otro lado de la mesa, se escuchan anuncios radiales ponderando las virtudes de la obra. Estos anuncios, a cargo del gobierno federal que se va, hablan del NAIM Texcoco como si estuviera a punto de ser terminado cuando los datos más optimistas lo fechan en 2021. Entre estos apoyadores a la obra se encuentra Alfonso Romo, a quien el diario, de una manera cuestionable, lo hace decir que descarta el frenar la construcción del nuevo aeropuerto.

    Más allá del amarre de navajas periodístico, lo real es que faltan poco más de tres semanas para que se realice la famosa consulta acerca de si continúa el proyecto Texcoco o bien se cambia por el de Santa Lucía. Hasta la fecha no se sabe cómo será este ejercicio. El propio AMLO habló de que puede ser una votación con casillas o bien una encuesta o las dos cosas (o lo que diga su dedito). Es probable que ya no sea tiempo de hacer una buena organización tipo elecciones y, por otra parte, es de suponer que las casas encuestadoras necesitan tiempo para preparar un despliegue nacional que pregunte a un número representativo de personas. En un esquema democrático y no populista, como el presente, se habría designado ya el período de información para ambas opciones y quienes serían los encargados de responder las preguntas, dudas y cuestionamientos en cada caso. No hay nada de eso. También, se habría pedido a los integrantes del gobierno que se va y el que entra que cerraran la boca sobre sus opiniones personales acerca de los proyectos en discusión.

    Como es notorio el tiempo se agota y no se ve nada de eso. Todo este tema de la consulta parece más bien un ejercicio de descargo de responsabilidad para quien será el presidente. Si gana Texcoco o Santa Lucía fue la gente la que quiso, no López Obrador. Cueste lo que cueste, salga como salga.

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  • 03-10-2018DOS DE OCTUBRE SÍ SE OLVIDA

    Sin lugar a dudas, el 2 de octubre es una herida abierta. No se cerrará hasta que se sepa cabalmente quien organizó y ejecutó lo que sucedió aquel día. Lo ideal sería llevar ante la justicia a los culpables, a todos, pero a medida que pasa el tiempo, los culpables desaparecen. Las protestas tienen sentido porque recuerdan lo sucedido, pero también lo que no se puede tolerar que vuelva a suceder. Personas como Luis González de Alba, Julio Scherer y Carlos Monsiváis han dados versiones apoyadas en investigaciones documentales y testimonios. Sin embargo, como sucede con otras situaciones históricas, se comienza a escribir una especie de historia oficial del 2 de octubre. Una historia oficial que pocos están desafiando y los que lo hacen son señalados por no apegarse a la conveniencia actual.

    En un artículo reciente, aparecido en El Universal[1], Jorge Buendía, director de la encuestadora Buendía y Laredo, hace referencia a dos encuestas sobre el tema, una hecha a los 40 años de los sucesos y una más reciente con motivo del medio siglo. La primera cosa que se destaca entre las dos encuestas es el porcentaje de personas que sabe el significado del 2 de octubre de 1968. Hace 10 años, el 64% de los encuestados asoció la fecha al movimiento estudiantil o con la represión a los estudiantes. Ahora, sólo el 47% pudo hacer esa relación. Una disminución de 17 puntos porcentuales. Como era de esperarse, el momento es más recordado por quienes vivieron en aquella época y por jóvenes universitarios.

    Un dato interesante es que el 52% asocia la fecha con algo negativo (la represión), pero no con un posterior proceso de liberalización política. Realmente, es muy discutible asegurar que el resultado de las pasadas elecciones es hijo directo del movimiento del 68. Hay causas más evidentes y directas (inseguridad, situación económica, desprestigio del gobierno y los partidos, etc.). Señala Buendía que al llegar López Obrador a la Presidencia se podrá reivindicar lo sucedido, institucionalizarse, dice, para que no sea olvidado.

    Por supuesto, se podría estar de acuerdo con esto, pero institucionalizar también debería significar apegarse a lo que se sabe. Muchos aseguran que el instrumento de la represión fue el Ejército. López Obrador soltó, en un evento reciente, que los culpables habían sido elementos del Estado Mayor Presidencial. Ninguna de las dos versiones está plenamente confirmada. Al contrario, varios autores han señalado que el Ejército fue atacado desde los edificios por francotiradores y repelió el ataque. También han dicho que en uno de los flancos de la plaza los soldados dejaron pasar a los estudiantes que huían sin causarles un daño. Estos dos datos, de ser cierto, refutan la idea de que los soldados iban dispuestos a masacrar. ¿Quiénes fueron los francotiradores? Si AMLO dice que fueron integrantes del Estado Mayor Presidencial debería estar dispuesto a dar sus fuentes.

    Respecto al 2 de octubre y las recientes declaraciones de López Obrador, habría que cuestionarlo acerca del por qué, si se sabía de la represión ordenada por un priista y avalada por el PRI, militó durante años en ese partido sin jamás cuestionar los hechos. También habría que preguntar a personajes como Porfirio Muños Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acerca de ese momento. Ambos políticos siguieron militando en el PRI y, desde un punto de vista histórico, no se han deslindado. En todo caso, serían más responsables que, por ejemplo, Peña Nieto, quien tenía dos años cuando la masacre.

    Institucionalizar la historia ha sido, hasta ahora, un ejercicio de justificaciones. ¿Esta es una más?

     



    [1] http://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/2-de-octubre-si-se-olvida

    Sin lugar a dudas, el 2 de octubre es una herida abierta. No se cerrará hasta que se sepa cabalmente quien organizó y ejecutó lo que sucedió aquel día. Lo ideal sería llevar ante la justicia a los culpables, a todos, pero a medida que pasa el tiempo, los culpables desaparecen. Las protestas tienen sentido porque recuerdan lo sucedido, pero también lo que no se puede tolerar que vuelva a suceder. Personas como Luis González de Alba, Julio Scherer y Carlos Monsiváis han dados versiones apoyadas en investigaciones documentales y testimonios. Sin embargo, como sucede con otras situaciones históricas, se comienza a escribir una especie de historia oficial del 2 de octubre. Una historia oficial que pocos están desafiando y los que lo hacen son señalados por no apegarse a la conveniencia actual.

    En un artículo reciente, aparecido en El Universal[1], Jorge Buendía, director de la encuestadora Buendía y Laredo, hace referencia a dos encuestas sobre el tema, una hecha a los 40 años de los sucesos y una más reciente con motivo del medio siglo. La primera cosa que se destaca entre las dos encuestas es el porcentaje de personas que sabe el significado del 2 de octubre de 1968. Hace 10 años, el 64% de los encuestados asoció la fecha al movimiento estudiantil o con la represión a los estudiantes. Ahora, sólo el 47% pudo hacer esa relación. Una disminución de 17 puntos porcentuales. Como era de esperarse, el momento es más recordado por quienes vivieron en aquella época y por jóvenes universitarios.

    Un dato interesante es que el 52% asocia la fecha con algo negativo (la represión), pero no con un posterior proceso de liberalización política. Realmente, es muy discutible asegurar que el resultado de las pasadas elecciones es hijo directo del movimiento del 68. Hay causas más evidentes y directas (inseguridad, situación económica, desprestigio del gobierno y los partidos, etc.). Señala Buendía que al llegar López Obrador a la Presidencia se podrá reivindicar lo sucedido, institucionalizarse, dice, para que no sea olvidado.

    Por supuesto, se podría estar de acuerdo con esto, pero institucionalizar también debería significar apegarse a lo que se sabe. Muchos aseguran que el instrumento de la represión fue el Ejército. López Obrador soltó, en un evento reciente, que los culpables habían sido elementos del Estado Mayor Presidencial. Ninguna de las dos versiones está plenamente confirmada. Al contrario, varios autores han señalado que el Ejército fue atacado desde los edificios por francotiradores y repelió el ataque. También han dicho que en uno de los flancos de la plaza los soldados dejaron pasar a los estudiantes que huían sin causarles un daño. Estos dos datos, de ser cierto, refutan la idea de que los soldados iban dispuestos a masacrar. ¿Quiénes fueron los francotiradores? Si AMLO dice que fueron integrantes del Estado Mayor Presidencial debería estar dispuesto a dar sus fuentes.

    Respecto al 2 de octubre y las recientes declaraciones de López Obrador, habría que cuestionarlo acerca del por qué, si se sabía de la represión ordenada por un priista y avalada por el PRI, militó durante años en ese partido sin jamás cuestionar los hechos. También habría que preguntar a personajes como Porfirio Muños Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acerca de ese momento. Ambos políticos siguieron militando en el PRI y, desde un punto de vista histórico, no se han deslindado. En todo caso, serían más responsables que, por ejemplo, Peña Nieto, quien tenía dos años cuando la masacre.

    Institucionalizar la historia ha sido, hasta ahora, un ejercicio de justificaciones. ¿Esta es una más?

     



    [1] http://www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/2-de-octubre-si-se-olvida

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  • 02-10-2018CRÓNICAS DEL AÑO CERO (XXI): EN ENERGÍA, HAY QUE MIRAR AL FUTURO, NO AL PASADO

    El domingo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que en los próximos años destinará 50 mil millones de pesos a rehabilitar las seis refinerías del país. En el caso de la refinería ubicada en Tula, Hidalgo, afirmó que destinará 10 mil millones de pesos los próximos dos años. Por supuesto, en un país en donde se enseña que el petróleo es símbolo nacional y muestra de soberanía, la noticia causó un gran revuelo y es de suponer que la mayoría de quienes la leyeron apostaron que es una buena noticia.

    Pero dando un paso atrás habría que tener en cuenta algunas cosas. En 1964, el astrofísico ruso Nikolái Kardashov propuso una escala, que ahora lleva su nombre, para medir el grado de desarrollo tecnológico de una civilización. La escala considera que todo el planeta es una sola civilización, por supuesto. Una civilización del Tipo I sería aquella que ha logrado usar los recursos de todo un planeta; una del Tipo II sería la que puede usar los recursos de todo su sistema solar y una del Tipo III la que es capaz de usar los recursos de toda una galaxia. Se entiende que ese uso de los recursos para producir energía no sería hasta agotar los recursos, sino usarlos y hacer viable el futuro. Se desprende de esto que la tecnología debía tender al uso de energías limpias.

    Se dice que la civilización humana actual tendría un grado de desarrollo de 0.73 y que probablemente en 100 o 200 años podría llegar a ser una civilización Tipo I. Sin embargo, la mayor parte de las energías que mueven al mundo son “sucias”, es decir, no renovables y contaminantes. Entre los muchos efectos negativos del uso de esas tecnologías está el calentamiento global, el cual se cree es producido por el uso de tecnologías y estilos de vida que producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). Los países que más producen GEI[1] son China, Estados Unidos y la Unión Europea. Un dato interesante es que México produce casi el mismo porcentaje de GEI que Corea del Sur[2], aunque es claro que no tiene el mismo desarrollo.

    Si no existiera la tecnología para producir energía limpia se diría que el problema es irresoluble, pero el asunto es que sí existe. Es claro que los intereses de algunos gobierno y empresas pasan por privilegiar el uso de energías tradicionales. Por ejemplo, Trump ha propiciado la apertura de minas de carbón. No obstante, algunos países son vanguardia en el uso de energías alternativas.

    En 2004, la Unión Europea se puso como meta para 2020 que el 20% de la energía a utilizar provenga de fuentes alternativas. En 2012 ya había conseguido el 14%. Los datos indican que tan solo la energía eólica podría aportar tres veces la energía que la UE necesita. Los campeones de estos esfuerzos son Suecia, que obtiene más energía del uso de la biomasa que del petróleo, Letonia, Finlandia, Austria y Dinamarca.

    Si a todo esto hay países que están viendo al futuro, por qué mirar al pasado, a 1938. ¿Sólo para ver henchidos los corazones de un orgullo patrio obsoleto?

     

     

     



    [1] Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e hidrofluorocarburos.

    [2] Datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de marzo de 2018.