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  • PANORAMA NACIONAL: Guerrero, elecciones y más
    PANORAMA NACIONAL: Guerrero, elecciones y más

    Guerrero, el foco rojo

    En este segundo mes del año, el tema Ayotzinapa parece estar saliendo de la mirada central de los medios, con algunos chispazos de cuando en cuando. Tlatlaya, sin resolverse del todo, también ha pasado a formar parte del pasado, del annus horribilis.

     

    La situación en Guerrero sigue complicada, pero ya no por el caso de Iguala, o no sólo por eso. El crimen organizado parece estar aprovechando el corte de cabezas que el gobierno federal hizo del cártel de Guerreros Unidos (CGU) para redefinir fronteras y negocios.

     

    Los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) aprovechan la inercia que traían por el caso Ayotzinapa para reivindicar su lucha: no a la nueva reforma educativa y regresar el pago magisterial al gobierno estatal, al que pueden imponer plazas fantasmas y aviadores.

     

    Por su parte, las policías comunitarias se consolidan y se plantean expandir su actividad, como sucediera en Michoacán, con las particularidades que tiene este tipo de organización en Guerrero.

     

    El arresto del hermano y el sobrino del exgobernador Ángel Aguirre por un desvió de 287 millones de pesos puede ser interpretado como una advertencia al exmandatario o bien como una aproximación que llevará a su arresto. En cualquier caso, se da en el momento en que el PRD se prepara para elegir a quien será su abanderado en la candidatura estatal. Así, llega Aguirre a esta decisión mermado.

     

    La Línea Dorada y Ebrard

     

    De igual manera, vale señalar brevemente el tema de la Línea 12 de Metro de la ciudad de México, que ha caído de rebote en el gobierno federal por la propuesta de los legisladores de que sea en este nivel donde se trate y por la acusación de Marcelo Ebrard de que el informe del Congreso que lo responsabiliza fue elaborado en Los Pinos.

     

    El apoyo de López Obrador a la causa de Ebrard abre la puerta para que este último se sume en fecha próxima a MORENA y tal vez logre una diputación federal que le garantizaría impunidad por el lío de la Línea Dorada.

     

    Es claro que ni AMLO ni Ebrard quieren conflictuarse con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por eso han abrazado la idea de culpar a la Presidencia de la República, que no se ha dado por aludida.

     

    Por lo pronto, Ebrard ya solicitó que el PRD lo considere en las listas para una diputación plurinominal. Si la dirección de ese partido se la concede estará abrazando la idea de que el exjefe de Gobierno debe ponerse a salvo de toda responsabilidad, al concederle la impunidad que le garantiza una diputación federal.

     

    Sin embargo, es poco probable que el PRD tome en cuenta la petición de Ebrard, ya que incluirlo en las listas significaría probablemente enfrentarse con el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. En este caso, Ebrard muy probablemente emprenda una retirada estratégica a MORENA.

     

    Se cancela tren con orden verbal

     

    La cancelación del tren Querétaro-Distrito Federal parece estar complicándose para el gobierno federal. Ante un requerimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contestó que había sido una instrucción verbal del presidente Peña Nieto y que por lo tanto no existía un documento oficial.

     

    Se trata de una nueva pifia del titular de esta dependencia puesto que supone que ante una licitación legal, bastó una instrucción verbal, sin mayores razones, para echarla abajo. Esta respuesta deja al presidente Peña Nieto mal parado y abre un flanco para demandas y acusaciones, como de hecho está sucediendo.

     

    En efecto, Reuters ha informado que la constructora China Railway Construction Corporation (CRCC) planea pedir al gobierno mexicano una indemnización no especificada por la cancelación de la obra del tren mencionado. La demanda cuenta con el apoyo del gobierno chino y el asunto está llamando la atención de la prensa internacional.

     

    Michoacán: sale comisionado, entra general

     

    Como se señaló en el informe pasado, el momento que se escogió para la salida del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y la forma en que se llevó a cabo constituye un desacierto para el gobierno federal.

     

    Esta salida se da luego de dos fuertes enfrentamientos en Tierra Caliente y de cuestionamientos a la estrategia federal por parte de opositores. Además, se le remueve sin que mediara un evento especialmente pensado y convocado para tal propósito, que le permitiera hacer un balance de su labor en el estado y presentar un informe pormenorizado.

     

    La decisión parece precipitada y se reitera que parece un paso atrás, toda vez que se sustituye una estrategia amplia que combinaba seguridad con desarrollo social y económico por una nueva estrategia que sólo tocará el primer tema, a juzgar por el nombramiento del general Felipe Gurrola.

     

    Es cierto que la figura de Castillo estaba muy desgastada, pero su salida debió ser mejor planeada y después de presentar un informe de los muchos aciertos y los faltantes. Además, debió ser sustituido por alguien que garantizará seguir con la estrategia amplia que se planteó desde un principio.

     

    Una encuesta publicada por el diario Excélsior el pasado 26 de enero destaca que en comparación con enero de 2014, que fue cuando se implementó el operativo federal de seguridad en Michoacán, un 49% de michoacanos opina que ha mejorado algo o mucho la seguridad, por un  41% que señala que ha empeorado algo o mucho.

     

    Para Castillo la evaluación que arroja dicha encuesta no es muy positiva: 36% de los michoacanos evalúan como mala o muy mala labor de Castillo en el estado; 44% como regular y sólo 15% como buena o muy buena.

     

    Un dato importante es que 86% de los michoacanos, consideran que no ha habido una disminución en lo que a asesinatos y a la ola de violencia en el estado se refiere. Por supuesto, el porcentaje de quienes consideran que sí ha habido mejorías en torno a ambos rubros, es marginal: en enero de 2015 se ubica sólo en 12%; mientras que para enero de 2014 se ubicaba en 31%.

     

    Asimismo, la percepción en torno a que la estrategia encabezada por Castillo logó mermar al grupo delincuencial los “Caballeros Templarios” es baja, sólo 17% considera que así ha sido, por un abrumador 72% de michoacanos que considera que no.

     

    En síntesis, la percepción de los michoacanos es negativa para la labor que venía realizando el gobierno federal a través del comisionado Alfredo Castillo. Esto, aunque injusto, puede tener explicaciones sencillas.

     

    Los enfrentamientos entre autodefensas son recientes y pueden haber impactado la opinión inmediata de los michoacanos. Por otro lado, el abandono de los funcionarios del gobierno federal ha contribuido sin duda, empezando por la ausencia del presidente de la República.

     

    Servando Gómez, “La Tuta”, uno de los objetivos que en su momento el propio Castillo planteó como relevante con relación a su labor en Michoacán, ha aprovechado el momento de la salida del funcionario federal para lanzar un “último” audio en el que se despide, asegura que está arrepentido de sus actos y rechaza todo trato con fuerzas federales.

     

    La despedida mediática de “La Tuta” parece un desafío a los esfuerzos federales para capturarlo y un señalamiento de las acciones del grupo delincuencial “Los Viagra”. Con esto, Gómez deja claro que “Los Caballeros Templarios” (CT) no están acabados y que él es el líder indiscutible.

     

    Y si con “La Tuta” se fracasó en su aprehensión, los enfrentamientos armados continúan. El día último del mes se dio a conocer uno que duró varias horas. El hecho se dio en el municipio de Tumbiscatío y, según los medios, un grupo perteneciente a la Policía Rural se lio a balazos con delincuentes de los CT. El saldo fue de cinco muertos, todos del bando criminal.

     

    De nueva cuenta, es claro que la estrategia federal en el estado fue en gran medida exitosa, pero no se ha sabido promover adecuadamente ante la opinión pública y lo cierto es que el gobierno federal la dejó a medias.

     

    Sería importante que el gobierno federal diera claras muestras de que la estrategia integral, con o sin Castillo al frente, se mantiene vigente. Es necesario que se difunda también un balance pormenorizado de los resultados obtenidos hasta ahora en los distintos frentes, lo cierto es que, como lo muestra la encuesta de BGC-Excélsior, la población parece no compartir la opinión de Castillo en torno a los positivos resultados que se han registrado con la estrategia planteada por el gobierno federal.

     

    Arrancan los comicios

     

    El inicio de los procesos electorales ha comenzado a ser motivo de una cada vez más mayor atención mediática. Por lo pronto, durante las dos semanas que cerraron el mes de enero, llamaron la atención las expresiones de diversos actores políticos relacionadas con el tenso panorama en Guerrero, pues parece claro que no existen todavía las mejores condiciones para que los comicios se lleven a cabo con normalidad.

     

    Sin embargo, a diferencia de los días pasados, ahora el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno federal y diferentes personajes políticos han arremetido a favor de la celebración de comicios en el estado.

     

    Por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garantizó que habrá elecciones en Guerrero; afirmó que un grupo no puede decidir por la gran mayoría de los que quieren elegir a quienes los gobernarán en los próximos años, por lo que anunció que en los próximos días el gobierno federal tomará acciones contundentes con algunos grupos para alcanzar acuerdos y garantizar la tranquilidad y elecciones libres.

     

    El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, hizo declaraciones en torno al tema, afirmando que si el gobierno de la Republica y los responsables del INE permiten que un grupo de personas impidan que en un estado no haya elecciones esto significará un “golpe de Estado blando”.

     

    También César Camacho Quiroz, dirigente nacional del PRI, habló en torno al tema y afirmó que sería peligroso no realizar las elecciones en dicho estado. Para Camacho, el riesgo es alto, aunque considera que una intensa participación ciudadana, lo podría evitar.

     

    El propio líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado su oposición a cancelar los comicios y, en este sentido, ya ha nombrado a quien será el candidato de su partido en Guerrero. El INE, por su parte, ya adoptó una serie de medidas extraordinarias para garantizar la celebración de comicios en la entidad.

     

    La unión de fuerzas políticas e instituciones alrededor de la celebración de comicios reduce significativamente el problema a algunos municipios y organizaciones. En menos de un mes, el panorama en Guerrero a favor de la celebración de la jornada electoral parece fortalecido.

     

    Por la lógica del proceso mismo, los partidos están ocupados en sus procesos internos para seleccionar a quienes serán sus candidatos, más que en atacarse unos a otros. El PRI ha recurrido a un cabildeo interno entre los posibles candidatos, en el que se dice que el presidente Peña Nieto opina y decide.

     

    En todo caso, la opinión presidencial parece estar dándose no en función de cercanías, sino de un real interés político, como lo demuestra el caso de Nuevo León, en el que quedaron en el camino dos personajes (Ildefonso Guajardo y Cristina Díaz) mucho más cercanos a su persona, pero que en las encuestas aparecían abajo de quien finalmente terminó siendo la candidata: Ivonne Álvarez.

     

    Hasta ahora, el PRI ha designado candidatos a las gubernaturas de: Baja California Sur (Ricardo Barroso), Campeche (Alejandro Moreno), Colima (José Ignacio Peralta), Guerrero (Héctor Astudillo), Michoacán (José Ascensión Orihuela), Nuevo León (Ivonne Álvarez) y Sonora (Claudia Pavlovich). La forma de selección ha sido criticada, pero hasta ahora ha resultado eficiente y sin conflictos.

     

    En el resto de los partidos el proceso de selección está igualmente cerrado, con direcciones que se han dado todos los derechos. En el PAN es el grupo de Madero Ruiz el que está decidiendo con apoyo de sus aliados. En el PRD son las direcciones de las tres corrientes más fuertes y en MORENA es Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el que define.

     

    En el PAN hay dos candidatos ya seleccionados: Campeche (Jorge Rosiñol Abreu) y Michoacán (Luisa María Calderón). En el resto de los estados hay pugnas entre la dirección nacional y los grupos locales (Sonora y Querétaro, por ejemplo) o bien se buscan alianzas con otros partidos (por ejemplo en Nayarit, Colima y Guerrero con el PRD).

     

    En el PRD la decisión de las candidaturas se cruza con la crisis interna que padece ese partido y con la salida de cuadros relevantes (Cárdenas y Encinas). Así, Silvano Aureoles se perfila para repetir como candidato en Michoacán. En Guerrero se ha dado de facto una alianza entre el exgobernador Aguirre y Nueva Izquierda para llevar a Sofío Ramírez a la candidatura y dejar a Beatriz Mojica a un lado con el riesgo de que decida sumarse a otra campaña.

     

    En San Luis Potosí el PRD está en problemas, luego de que se descubriera que su mejor carta para la candidatura a gobernador tiene vínculos con la delincuencia organizada. Esta situación hace posible que de manera emergente se acerquen al PAN.

     

    En los demás estados, sólo Campeche (Fernando Dante Imperiale) y Sonora (Ana Gabriela Guevara) tienen candidato perredista. Es posible que, dada su crisis, el partido del Sol Azteca busque alianzas con los partidos menos representativos.

     

    Por parte de MORENA, López Obrador lleva meses designando candidatos: Querétaro (Cecilia Maya García), Campeche (Layda Sansores), Michoacán (María de la Luz Núñez Ramos), San Luis Potosí (Sergio Serrano Soriano), Colima (Francisco Gallardo), Sonora (Javier Lamarque Cano) y Baja California (Víctor Manuel Castro Cosío).

     

    Por supuesto, AMLO habrá de confirmar quienes siguen siendo sus candidatos dado que a muchos de ellos los señaló desde mediados del año pasado y luego del escándalo en Guerrero es posible que cambie algunos nombres. En este sentido, se recordará que en mayo pasado el líder de MORENA presentó a Lázaro Mazón como su candidato, pero luego de conocerse la cercanía de este con los Abarca, cambio por Pablo Sandoval Ballesteros.

     

    Hasta ahora, se asiste a procedimientos cupulares, falta de cuadros con posibilidades y búsqueda de alianzas de última hora. En este panorama, la disciplina priista ha permitido que el partido tricolor sea el más exitoso en la designación de candidatos.

  • Ayotzinapa ¿Una crisis o la crisis?
    Ayotzinapa ¿Una crisis o la crisis?

    A MÁS DE 2 meses de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Burgos, es claro que el gobierno federal afronta una crisis política que no se ha sabido o podido manejar adecuadamente.

     

    Ha habido otras crisis políticas en el pasado: en el 2006, luego del apretado triunfo de Felipe Calderón; durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari por los conflictos postelectorales; en 1988, por la caída del sistema, etc. Todas estas crisis han sido superadas por diferentes medios. Algunas de ellas se enfrentaron con reformas legales, nuevos programas gubernamentales o simplemente con voluntad. 

     

    La buena noticia es que la crisis provocada por el caso Ayotzinapa tenderá a pasar, pero no sin dejar consecuencias que se pueden extender largos periodos. Por ejemplo, luego de la crisis de 2006 la desconfianza hacia el Instituto Federal Electoral fue en aumento, lo que ha dañado la credibilidad en las elecciones. Al mismo tiempo, la polarización alcanzada en los momentos más álgidos ha durado años.

     

    En este sentido, la crisis política que se desató luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa no ha amainado, ni en el plano nacional, ni en el internacional. El movimiento sigue logrando simpatías en muy diversos sectores sociales y, en consecuencia, críticas y exigencias al gobierno federal. 

     

    Ayotzinapa ha abierto un tema al que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto no habían querido entrar de lleno: el de los desaparecidos con nombre y los muertos anónimos, mayormente encontrados en fosas clandestinas.

     

    Por otro lado, las investigaciones que lleva a cabo el gobierno federal dan la apariencia de estar estancadas. Pareciera que la información que proporcionó el procurador Jesús Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, fue también el momento de clausura de los trabajos de investigación por parte de la administración federal, como si dieran el caso por cerrado.

     

    La actuación gubernamental ha generado espacios vacíos y un renovado sentimiento de agravio por parte de diversos sectores sociales, que ha sido aprovechado por diversas corrientes opositoras, como la CNTE y la CETEG para su propia agenda. Sin embargo, el sentimiento de enojo es real y extendido, no sólo por lo sucedido en Ayotzinapa, sino por un sinnúmero de abusos de la clase política que, para mala fortuna, se centran en la figura presidencial.

     

    Se ha fabricado la imagen de un gobierno que desdeña el clamor generalizado y que está haciendo todo lo posible por dar vuelta a la página, en detrimento de su responsabilidad de aclarar de forma exhaustiva y profesional lo ocurrido en Iguala. Lo peor, es que a veces el gobierno federal da la impresión de estar paralizado en lo político. Esto ha dado pie a que se fortalezca la convicción social de que es necesario llevar a cabo protestas multitudinarias, las cuales se han ubicado como el centro de la coyuntura. 

     

    El rechazo tajante por parte del gobierno federal a permitir actos de violencia durante las manifestaciones públicas, si bien pudo haber sido bien recibido por parte de algunos sectores sociales, nuevamente se convirtió en motivo de críticas debido a los errores por parte de las autoridades gubernamentales en los arrestos y tratamiento a las personas consignadas. 

     

    En principio, el momento que el jefe del Ejecutivo eligió para anunciar que no se permitirían abusos por parte de grupos durante las manifestaciones fue equivocado: lo hizo apenas descendió del avión presidencial luego de su gira internacional para participar en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en la Cumbre del G-20 y realizar una visita de Estado a China. ¿Por qué no hablar de la gira de trabajo y dejar para más adelante los temas nacionales? 

     

    Por supuesto, tal declaración generó expectativa frente a las movilizaciones que tendrían verificativo en varias partes del país el 20 de noviembre. Durante las protestas en la capital del país ese día, hubo episodios de violencia y se realizaron diversas detenciones, tanto por parte de autoridades policiales del DF como federales. Estos hechos sirvieron para acusar a ambos gobiernos, una vez más, de criminalizar las protestas sociales.

     

    Al otro día de las aprehensiones comenzó una campaña política y mediática que subrayaba la inocencia de los arrestados. El gobierno federal contestó que había elementos que probaban su culpa. Los excesivos cargos imputados a los jóvenes en un principio no hicieron más que empeorar la situación. 

     

    Ante los señalamientos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las autoridades procedieron conforme a la ley y que no se trató de un exceso enviar a 11 detenidos a penales de Veracruz y Nayarit, pues por tratarse de delitos federales correspondía el envío a estos lugares en tanto continúa el proceso. 

     

    Uno de los casos que más llamó la atención de entre los 11 que fueron detenidos el 20 de noviembre, es el de Laurence Maxwell, escritor y músico chileno de 47 años, quien cursa un doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A él se le acusó también por delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín.  

     

    Como era de esperarse, su detención causó una importante reacción por parte de medios internacionales y del gobierno chileno, luego de que la propia presidenta Michelle Bachelet manifestara que su gobierno daría todo el apoyo necesario para impulsar la liberación de Maxwell. Sin embargo, no hubo mayores consecuencias en la relación con ese país, como lo muestra la presencia de la mandataria conosureña en la Cumbre Hispanoamericana celebrada en Veracruz.

     

    Pese a las afirmaciones de Osorio Chong, por falta de pruebas un juez federal ordenó la liberación de las 11 personas detenidas por los disturbios del pasado 20 de noviembre. En un comunicado, el Poder Judicial de la Federación dijo que el auto de libertad inmediata fue ordenado por “insuficiencia de pruebas” e “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores”.

     

    La liberación de los 11 detenidos por autoridades federales, constituye un nuevo traspié para el gobierno federal. La fotografía que queda es la de un gobierno que una vez más muestra que carece de los medios necesarios para lograr detener a quienes sí participan en hechos de violencia y que a cambio recurre a detenciones arbitrarias fincando responsabilidades excesivas. 

     

    Dos nuevos casos refuerzan esta idea: el primero es el ingreso de militares armados a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila para identificar a alumnos y profesores que participaron en manifestaciones de solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos. 

     

    A pesar de que el Ejército mexicano anunció castigos ejemplares para los cinco militares involucrados, quienes ya se encuentran bajo arresto, al tiempo que se ha garantizado la seguridad de los universitarios, lo cierto es que la lectura que se hace de este hecho es que se está tratando de amedrentar a los jóvenes para que no participen en las manifestaciones. 

     

    El otro caso es el de la detención (al interior de instalaciones de la UNAM), y eventual liberación de Sandino Bucio, alumno de la facultad de Filosofía y Letras conocido por su activismo y participación en el movimiento #YoSoy132.   El episodio causó una reacción por parte de las autoridades de la UNAM, la cual manifestó su rechazo a la forma “imprudente” como fue detenido Bucio, por lo que demandó que en éste y todos los casos similares, se respeten el derecho al debido proceso y las garantías básicas de los detenidos.

     

    De nueva cuenta se abona a la imagen de un gobierno dedicado a  reprimir las expresiones sociales de repudio, ante la falta de resultados concretos y significativos en torno al caso Iguala. 

     

    Por supuesto, hay otra narrativa alternativa a esta, más preocupante que la anterior: el gobierno federal ha perdido el control de las fuerzas armadas, que están reaccionando negativamente ante la presión de la crisis. 

     

    Conviene señalar que todo lo anterior ha cuestionado el manejo prudente que el presidente Peña Nieto planteó en torno al tema, pues su énfasis fue que el gobierno federal respetaría y velaría por el derecho ciudadano a la libertad de expresión y a la protesta, pero que no permitirían que actos de vandalismo y violencia empañaran las manifestaciones legítimas. Era un mensaje claro, que al parecer no logró ser comprendido a cabalidad por la totalidad de los mandos de las distintas corporaciones de seguridad del país. 

     

    No obstante estos errores y omisiones, el movimiento parece afectado por tres factores: la cercanía de las fiestas navideñas que en el pasado han logrado desactivar fuertes conflictos; el agotamiento natural del movimiento, como lo muestran las últimas dos manifestaciones (del 1 y seis de diciembre), que no lograron los niveles de asistencia de otras ocasiones; y, finalmente, la cada vez más fuerte idea de que el doloroso caso de Ayotzinapa está siendo utilizado para otros fines. 

     

    Ayotzinapa no será la crisis que derrumbe al gobierno de Peña Nieto, pero es una crisis seria que no debería ser interpretada solamente como un complot de intereses afectados, sino como lo que es, un cuestionamiento a la situación del país y a la forma en que está funcionando la estructura política-institucional: Congreso, PGR, partidos, etc.

     

    Los partidos, incluido MORENA, debían reconocer que el desgaste de Peña Nieto reflejado en las recientes encuestas, no es un problema de un sólo actor político, sino de todos, incluidos sectores que generalmente gozan de simpatía. Hoy, de acuerdo a esas mismas encuestas, la credibilidad de iglesias, universidades, televisoras, empresarios, etc. está siendo puesta en duda. 

     

    Las malas noticias no viajan solas. En el terreno económico, que había tenido un comportamiento mediocre, la caída del precio del barril de petróleo y la devaluación del peso avizoran un mal año para 2015. Otro mal año, diríamos, en periodo electoral. La buena noticia para el PRI es que la caballada está flaca: el PRD anda por los suelos y el PAN no logra despegar. En una reciente encuesta sólo el suertudo Partido Verde y MORENA lograron aumentar un poco la intención de votos. 

     

    El movimiento por Ayotzinapa parece declinar, pero su cuestionamiento ahí queda. Tocará a la clase política decidir si la dura enseñanza se aprovecha para algo o no. Si el gobierno federal se disminuye a sí mismo, el sexenio de Peña quedará marcado por lo ocurrido en Iguala.

     

    Hay un peligro adicional. Quienes empujan una campaña contra Peña con medidas violentas podrían verse inclinados a radicalizarse al ver que el movimiento no hizo renunciar al presidente. 

     

  • AYOTZINAPA, ¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
    AYOTZINAPA, ¿QUIÉN ES RESPONSABLE?

    Hacia finales del mes de septiembre se desató una crisis de violencia en el estado de Guerrero que ha rebasado a las autoridades estatales y que ha llamado la atención internacional, en especial el ataque de la policía a estudiantes, que causó seis muertes, y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pero estos hechos no son los únicos, por desgracia.

    Del viernes 26 de septiembre a la fecha se han registrado diversos crímenes. Sin ánimo de enlistarlos todos, he aquí algunos de los más significativos: el primero, es el que realizaran policías municipales de Iguala contra normalistas, el cual dejó un saldo de seis muertos, así como 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Luego, trascendió que hallaron a un joven desollado perteneciente a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

     

    El 28 de septiembre, en Acapulco, al interior de un restaurante en el hotel “El Mirador”, fue asesinado el secretario general del PAN-Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda.

     

    Asimismo, el pasado 2 de octubre se confirmó que tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero fueron secuestrados desde el domingo 28 de septiembre en  la zona de Tierra Caliente.

     

    Varios factores confluyen en el clima que ahora se vive en Guerrero:

     

    - La disputa por la plaza entre bandas enemigas, residuos de cárteles como el de los hermanos Beltrán Leyva, La familia, entre otros.

     

    - La incapacidad del gobierno estatal para combatir la inseguridad.

     

    - La complicidad de autoridades municipales y policías.

     

    - La ineficiencia de los partidos políticos que a la hora de seleccionar candidatos no investigan sus antecedentes.

     

    - La probable penetración de la delincuencia organizada en escuelas, como la normal de Ayotzinapa.

    - La desatención del gobierno federal en atender la situación de Guerrero, misma que desde tiempo mostraba signos alarmantes.

     

    - La lentitud y falta de profundidad con la que el gobierno federal ha respondido a la actual crisis. Luego de los hechos del 26 de septiembre, el gobierno federal anunció el envío de mil efectivos entre soldados, marinos y policías federales para reforzar la seguridad. Sin embargo, tal reacción era claramente insuficiente frente a las dimensiones y la gravedad de lo que se estaba viviendo.

     

    Posteriormente, se anunció que la PGR se encargaría del caso de los alumnos desaparecidos, pero sin mayor compromiso con la crisis de seguridad que se siente en el resto del estado. Esta situación destaca si se le compara con los operativos federales montados en Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México ante situaciones menos graves.

     

    Es posible que la razón sea que el gobierno federal no desea involucrarse en la situación que vive Guerrero, con mucho producto de la falta de eficacia del gobierno estatal actual. Al menos, esto se trasluce con la declaración del presidente Peña Nieto, quien exhortó al ejecutivo local de Guerrero a asumir su responsabilidad ante la violencia en el estado y a emprender una investigación que aclare lo ocurrido y sancione a los responsables.

     

    Por supuesto, lo dicho por el Presidente fue interpretado como un llamado de atención al gobernador Ángel Aguirre. En respuesta, la dirección nacional del PRD salió en varias ocasiones a la defensa del gobernador. Esta defensa no es compartida por todo el PRD. Corrientes partidarias enemigas de Nueva Izquierda han atacado a esta por hacer caso omiso de las acusaciones que se conocían contra el alcalde Abarca, en el sentido de que sostenía nexos con el crimen organizado.

     

    Como quiera que sea, en su conferencia de prensa del 6 de octubre, el presidente Peña Nieto suavizó el tono hacia el gobernador guerrerense y se limitó a señalar que colaboraría con las investigaciones locales.

     

    Por lo pronto, las consecuencias siguen creciendo. La Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han solicitado que se lleve a buen puerto la investigación de los crímenes y desapariciones. La noticia ya corre por diarios y noticieros internacionales de gran alcance, como The Guardian, El País, BBC, CNN, etc.

     

    Actualmente, el panorama luce complicado para el gobierno federal. Por un lado, el gobernador de Guerrero hace esfuerzos para desentenderse de la responsabilidad de lo ocurrido en Iguala; por otro, organismos internacionales y nacionales, así como observadores, analistas y familiares de las víctimas esperan que las instancias federales resuelvan los crímenes.

     

    Es claro que el gobierno federal tiene que emplearse más a fondo, no sólo para resolver lo sucedido en Iguala, sino para impedir que siga ocurriendo en otras regiones del estado. La estrategia puede variar, pero el esfuerzo debe ser equivalente al empleado en otras entidades, como Michoacán o Tamaulipas.

     

    Por su parte, el PRD ha cometido un error monumental: dedicar el poco prestigio que le queda para defender a Ángel Aguirre y tratar de deslindarse del fugado presidente municipal, José Luis Abarca. Este partido debía reconocer que se equivocó en la selección de Abarca, pero que ahora no puede defender al gobernador.

     

    Si el gobierno federal fue lento en la respuesta, el gobernador Ángel Aguirre fue omiso y acaso cómplice pues sabía quién era y a qué se dedicaba el alcalde de Iguala.

     

    Decir, como algunos señalan, que fue un crimen de Estado reduce todo a un eslogan hueco, amén de que es falso. Fue un crimen con nombres y apellidos y con causas que deben ser establecidas. 

     

  • La crisis de Ayotzinapa
    La crisis de Ayotzinapa

    Hacia finales del mes de septiembre se desató una crisis de violencia en el estado de Guerrero que ha rebasado a las autoridades estatales y que ha llamado la atención internacional, en especial el ataque de la policía a estudiantes, que causó seis muertes, y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pero estos hechos no son los únicos, por desgracia.

     

    Del viernes 26 de septiembre a la fecha se han registrado diversos crímenes. Sin ánimo de enlistarlos todos, he aquí algunos de los más significativos: el primero, es el que realizaran policías municipales de Iguala contra normalistas, el cual dejó un saldo de seis muertos, así como 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Luego, trascendió que hallaron a un joven desollado perteneciente a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

     

    El 28 de septiembre, en Acapulco, al interior de un restaurante en el hotel “El Mirador”, fue asesinado el secretario general del PAN-Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda. 

     

    Asimismo, el pasado 2 de octubre se confirmó que tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero fueron secuestrados desde el domingo 28 de septiembre en  la zona de Tierra Caliente.

     

    Varios factores confluyen en el clima que ahora se vive en Guerrero:

     

    - La disputa por la plaza entre bandas enemigas, residuos de cárteles como el de los hermanos Beltrán Leyva, La familia, entre otros. 

     

    - La incapacidad del gobierno estatal para combatir la inseguridad.

     

    - La complicidad de autoridades municipales y policías.

     

    - La ineficiencia de los partidos políticos que a la hora de seleccionar candidatos no investigan sus antecedentes.

     

    - La probable penetración de la delincuencia organizada en escuelas, como la normal de Ayotzinapa. 

     

    - La desatención del gobierno federal en atender la situación de Guerrero, misma que desde tiempo mostraba signos alarmantes. 

     

    - La lentitud y falta de profundidad con la que el gobierno federal ha respondido a la actual crisis. Luego de los hechos del 26 de septiembre, el gobierno federal anunció el envío de mil efectivos entre soldados, marinos y policías federales para reforzar la seguridad. Sin embargo, tal reacción era claramente insuficiente frente a las dimensiones y la gravedad de lo que se estaba viviendo. 

     

    Posteriormente, se anunció que la PGR se encargaría del caso de los alumnos desaparecidos, pero sin mayor compromiso con la crisis de seguridad que se siente en el resto del estado. Esta situación destaca si se le compara con los operativos federales montados en Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México ante situaciones menos graves.

     

    Es posible que la razón sea que el gobierno federal no desea involucrarse en la situación que vive Guerrero, con mucho producto de la falta de eficacia del gobierno estatal actual. Al menos, esto se trasluce con la declaración del presidente Peña Nieto, quien exhortó al ejecutivo local de Guerrero a asumir su responsabilidad ante la violencia en el estado y a emprender una investigación que aclare lo ocurrido y sancione a los responsables.

     

    Por supuesto, lo dicho por el Presidente fue interpretado como un llamado de atención al gobernador Ángel Aguirre. En respuesta, la dirección nacional del PRD salió en varias ocasiones a la defensa del gobernador. Esta defensa no es compartida por todo el PRD. Corrientes partidarias enemigas de Nueva Izquierda han atacado a esta por hacer caso omiso de las acusaciones que se conocían contra el alcalde Abarca, en el sentido de que sostenía nexos con el crimen organizado. 

     

    Como quiera que sea, en su conferencia de prensa del 6 de octubre, el presidente Peña Nieto suavizó el tono hacia el gobernador guerrerense y se limitó a señalar que colaboraría con las investigaciones locales. 

     

    Por lo pronto, las consecuencias siguen creciendo. La Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han solicitado que se lleve a buen puerto la investigación de los crímenes y desapariciones. La noticia ya corre por diarios y noticieros internacionales de gran alcance, como The Guardian, El País, BBC, CNN, etc.

     

    Actualmente, el panorama luce complicado para el gobierno federal. Por un lado, el gobernador de Guerrero hace esfuerzos para desentenderse de la responsabilidad de lo ocurrido en Iguala; por otro, organismos internacionales y nacionales, así como observadores, analistas y familiares de las víctimas esperan que las instancias federales resuelvan los crímenes. 

     

    Es claro que el gobierno federal tiene que emplearse más a fondo, no sólo para resolver lo sucedido en Iguala, sino para impedir que siga ocurriendo en otras regiones del estado. La estrategia puede variar, pero el esfuerzo debe ser equivalente al empleado en otras entidades, como Michoacán o Tamaulipas.

     

    Por su parte, el PRD ha cometido un error monumental: dedicar el poco prestigio que le queda para defender a Ángel Aguirre y tratar de deslindarse del fugado presidente municipal, José Luis Abarca. Este partido debía reconocer que se equivocó en la selección de Abarca, pero que ahora no puede defender al gobernador.

     

    Si el gobierno federal fue lento en la respuesta, el gobernador Ángel Aguirre fue omiso y acaso cómplice pues sabía quién era y a qué se dedicaba el alcalde de Iguala.

     

    Decir, como algunos señalan, que fue un crimen de Estado reduce todo a un eslogan hueco, amén de que es falso. Fue un crimen con nombres y apellidos y con causas que deben ser establecidas. 

     

  • ¿Qué dicen las encuestas sobre EPN?
    ¿Qué dicen las encuestas sobre EPN?

    Durante el mes de agosto se dieron a conocer algunas encuestas, las cuales incluyen datos sobre los niveles de aprobación ciudadana sobre la labor de Enrique Peña Nieto al frente del gobierno federal. Todas las encuestas difundidas muestran una tendencia a la baja en la aprobación del presidente de la República.

    Los encuestados tienen una imagen mayoritariamente negativa en torno a diversos asuntos, como por ejemplo las reformas aprobadas (como es el caso de la energética). Son mayoría las opiniones de que es necesario cambiar el rumbo de la labor gubernamental y de que los problemas del país están rebasando al Presidente. También se observan bajos puntajes en lo que a generación de expectativas positivas y un aumento significativo de las negativas.

     

    En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la preocupación por la inseguridad y la violencia ha cedido terreno a las relacionadas con lo económico (la falta de empleo, la insuficiencia del ingreso, deudas, etc.). Por supuesto, ello no es señal de que la inseguridad no sea ya motivo de preocupación para la ciudadanía, sino tan sólo que ha dejado de ser la principal de las inquietudes.

     

    Las encuestas constituyen un primer acercamiento al balance que hace la población encuestada en torno a las reformas que se aprobaron durante la presente administración. Algunas de ellas son motivo de un masivo rechazo, como es el caso de la reforma hacendaria; otras, como la educativa y las aprobadas en materia de telecomunicaciones, son mejor vistas por un amplio porcentaje de la población, de acuerdo con los datos de la encuesta difundida por Parametría.

     

    Conforme a esta encuesta, 44% de los encuestados considera que la reforma educativa los beneficiará, mientras que 29% piensa que les será perjudicial. En el otro extremo, se encuentra la opinión en torno a la reforma hacendaria, pues sólo 21% considera que se beneficiará de ella, mientras que 53% indica que les será perjudicial.

     

    La reforma energética no figura entre las que menor aceptación produce, toda vez que 34% considera que se beneficiará de ésta, por 46% que sostiene que les será perjudicial y 10% que afirma que ni lo uno ni lo otro.

     

    Las encuestas muestran un cierto pesimismo por parte de la ciudadanía, especialmente en materia económica y de combate a la inseguridad pública. A dicho ánimo contribuyen las constantes malas noticias en torno, por un lado, a la precaria situación económica: bajo crecimiento, desempleo, etc.

     

    En materia de seguridad pública, se han dado a conocer algunos datos que muestran mejoría en la disminución de la violencia y de algunos delitos. El presidente Peña Nieto ha sostenido que en los primeros siete meses del año se registraron 27.8% menos homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo de 2012, mientras que en el caso de secuestros y extorsiones en los primeros sietes meses de 2014 se ha reducido en 6.8% respecto del mismo periodo de 2013, al tiempo que se ha logrado la captura de 84 de 122 de los delincuentes más buscados.

     

    Con relación a lo económico, lo que es claro es que ha llegado ya el momento de que el gobierno ponga en marcha una estrategia agresiva de reactivación económica, sobre la base de la mejoría en la recaudación y el endeudamiento que se aprobó. A pesar de todo, el gobierno federal podría no ver buenos resultados de las reformas y de un eventual programa de reactivación económica debido a la inminencia de los comicios, lo que podría afectar al PRI en las elecciones.

     

    Es indispensable una estrategia de alto impacto. En tal sentido, quizá valdría la pena que el gobierno federal se convierta en el “verdugo” de los abusos de una clase política que muchas veces tiende a la rapacidad. Por ejemplo, proponer una serie de reformas que obliguen a los congresos, federal y estatales, a transparentar sus gastos y a evitar los sobrepagos de los legisladores. De igual forma, acotar el fuero de los legisladores sería bien visto.

     

    Incluso podrían proponerse algunas modificaciones a las competencias de la Comisión Nacional Anticorrupción (que espera su aprobación), que permitan sancionar los abusos y acabar con todos los gastos excesivos de los legisladores (autos, viajes, fiestas, bonos especiales por hacer su trabajo, etc.).

     

    De igual forma, debería lanzarse una batida contra la corrupción, castigando casos ejemplares que han dejado en la sociedad la idea de que han quedado impunes. Es decir, una vasta campaña contra abusos, excesos y corrupción.

     

    Si bien los ahorros por dicha vía serían marginales, lo cierto es que la ciudadanía vería con muy buenos ojos un esfuerzo por detener y sancionar los continuos excesos que se cometen. Una de las cosas que más enoja a la sociedad es la imagen de la impunidad de la que gozan los integrantes de la clase política.

     

     

  • AHORA RESULTA QUE  LOS IMPRODUCTIVOS  SON LOS TRABAJADORES
    AHORA RESULTA QUE LOS IMPRODUCTIVOS SON LOS TRABAJADORES

    El debate  sobre el aumento a los salarios míseros se ha convertido en una discusión de sordos y fatalmente en un tema electoral y que  siendo un asunto muy complejo, demagógicamente el PAN pretende  sea dirimido   mediante una  consulta ciudadana (¿)

    Es obvio que ninguna persona en su sano juicio puede estar en contra de que se eleven las percepciones de los trabajadores, sobre todo en un país en el que  el 50% de su población se encuentra en niveles de pobreza.

    Precisamente por ello, la  debilidad del mercado interno es  uno de los principales problemas a que se enfrenta el desarrollo económico del país y esto es provocado por la baja participación de la masa  salarial en la demanda total, que a su vez es el resultado de una injusta distribución del ingreso, la debilidad del mercado interno es una de las causas fundamentales del bajo crecimiento del PIB, el problema no es sólo de ética social sino también de estricta necesidad económica.

    De nada servirán las grandes y muy necesarias reformas estructurales, si no se acompañan de una política de distribución del ingreso y fortaleza del mercado interno, por eso los empresarios de Durango se deben “poner las pilas”, ya que es muy bueno que aumente el número de altas de trabajadores en el IMSSS, pero sería también   importante si aumenta el número de patrones inscritos  en el mismo. Recientemente  la COPARMEX  local declaró (en este medio periodístico)  que los salarios “solo pueden elevarse si se incrementa la productividad”, como si la productividad de una empresa  dependiera de los trabajadores.

    Lo anterior es un absurdo, la productividad de una empresa depende fundamentalmente de la tecnología aplicada, de la intensidad del capital, de la organización de la producción, de su capacidad de innovación y de la capacitación que se  les dé a sus trabajadores.

    En el estado, y en general en el país,  la mayoría de las empresas buscan aumentar su productividad en base a comprimir los  salarios, por eso  las del exterior instalan   maquiladoras en México. Mano de obra calificada y productiva existe en el estado, pero los empresarios sólo les ofrecen salario mínimo, por eso el gran éxodo de profesionistas,  técnicos y universitarios 

    Que los empresarios (COPARMEX) digan  a los obreros, que aumentarán su salario  si aumenta la productividad ( ¿de quién?), es producto de su ignorancia o perversidad, bajen ellos sus utilidades o asuman su responsabilidad empresarial con eficiencia, tecnología , organización y capacitación del personal,  que permita realmente aumentar la productividad de sus empresas  y no se instalen el cómodo expediente de mantener bajos los salarios.

    La productividad es el resultado de correlacionar, ( a nivel de costos),  los insumos que intervienen en la producción; materia prima, energía, mano de obra y tiempo, lo que  nos da el costo del producto final, y si a éste le agregamos la utilidad que pretende el empresario, obtenemos el precio de mercado.

    Queda pues claro que  la productividad es fundamentalmente una responsabilidad de los empresarios y de ninguna manera  exclusiva de los trabajadores,  es tan importante este concepto de productividad que  determina, junto con otros factores monetarios,  la paridad del peso frente a otras divisas.

    Otro fenómeno relacionado con el tema, es que la actividad económica  local generalmente se realiza  en los sectores  primarios de baja productividad relativa, como la agricultura, ganadería, silvicultura, alimentos y servicios personales, pequeñas industrias y muy pocas  manufacturas , en fin parece un circulo vicioso; no se instalan empresas en Durango porque no existe mercado interno y no existe mercado interno porque no existen empresas remuneradoras y por otro lado no se ha encontrado un nicho de productos para la exportación . Crecen los grandes centros comerciales en atención a que  captan la elemental demanda por artículos de primera necesidad, principalmente generada por la derrama de recursos  del gobierno  local y las participaciones y programas sociales  Federales, no por una  sana economía.

     

     

     

     

  • Chismes ingenuos: De Gustavo Madero, de EPN, de Gabino Cué y más
    Chismes ingenuos: De Gustavo Madero, de EPN, de Gabino Cué y más

     

    • Que a pesar de que Gustavo Madero anda diciendo que los panistas arrestados en Brasil y los legisladores filmados en una fiestecita no mermarán las expectativas de votación del PAN, lo cierto es que andan muy preocupados los azules porque todavía no se ha dado a conocer todo lo sucedido en la mencionada pachanga… ya veremos.

       

    • Que algunas agencias del gobierno norteamericano presionan porque no están conformes con la versión del gobierno mexicano de que el ataque a dos agentes de la CIA, ocurrido en 2012, fue sólo una malentendido. Exigen que se investigue el nexo de los 14 agentes federales que dispararon con alguno de los cárteles.

       

    • Que el escándalo provocado por el derrame de químicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, que ocasionó un ecocidio en la región, ha fijado la atención de los medios nacionales e internacionales sobre el descuido con que actúan las empresas en México con relación al medio ambiente. No hay que perder de vista esto porque, dicen, el mayor depredador del ambiente es nada menos que Pemex.

       

    • Que el hecho de que las entrevistas y encuentros del presidente Peña Nieto con periodistas no hayan tomado en cuenta a la segunda mujer más poderosa en el país, Carmen Aristegui, la tiene muy molesta. Habrá que ver si Los Pinos rectifican. Por cierto, ¿qué hacía Lili Téllez en esos encuentros? Como dicen, es pregunta.

       

    • Que el PRI no se quiso quedar atrás y ha propuesto una consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si quieren reducir el número de diputados y senadores. Hay más de uno que se pregunta en que está pensando el tricolor con una pretendida consulta popular, porque difícilmente tendrá tiempo para juntar el millón 600 mil firmas para antes del 15 de septiembre. ¿O fue ocurrencia para distraer?

       

    • Que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, atrapado entre dos fuegos, por un lado la Sección 22 y por otro el gobierno federal, decidió de plano pedir ayuda a Los Pinos, que prestos enviaron a Luis Miranda. Sin embargo, más de uno sugiere que lo que hizo Cué fue emboletar al gobierno federal para que sea la instancia que cargue con la bronca de los rebeldes maestros de la CNTE.

     

  • Chismes ingenuos: ¿ahora sí se va Eruviel?
    Chismes ingenuos: ¿ahora sí se va Eruviel?

    La videoteca de La Tuta en manos de un alto funcionario federal/ ¿y si pierde la consulta la izquierda?/ AMLO se sube al tema de los salarios mínimos/ vientos de guerra en el PAN/ de nuevo Víctor Romo en problemas por la Rotonda

     

    Que el nuevo brote de violencia en el Estado de México tiene preocupado a Eruviel Ávila. Dicen por ahí que nomás no puede con el paquete y que a la mejor resultaría ser un buen secretario de Educación. A saber.

     

    Que la acusación de que el gobierno federal tiene la videoteca de La Tuta en sus manos y que la está usando políticamente levantó sospechas entre los encargados de la seguridad. Que más de uno parece dispuesto a señalar al tenedor del material.

     

    Que ante el riesgo de que la izquierda pierda la consulta sobre energéticos (en caso de que la SCJN diga que va), ya hay voces que aconsejan a López Obrador y a Zambrano que mejor ni se metan en eso, que se vayan por la desobediencia civil, los bloqueos a las empresas privadas y ¡hasta tomar gasolineras para dar el combustible gratis!

     

    Que cada día se hace más bolas el gobierno federal con el tema del salario mínimo. Ya no sólo tiene enfrente a Madero, Mancera y el PRD, sino que ahora se subió MORENA en voz de Martí Batres.

     

    Que cada día se confirma más la versión de que la difusión del video que estelariza el moches Villarreal es fuego amigo y que tiene por objeto presionar para que Madero y su grupo no se agandalle las candidaturas que vienen. ¿O a poco creen que la reaparición de Felipe Calderón fue casualidad?

     

    Que el delegado de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, ya creía que había librado el escándalo por la fiestecita en la Rotonda de las Personas Ilustres, pero resulta que se han robado rejillas de bronce y de plata del lugar y ahora le pedirán cuentas de nuevo, pero de cosas más graves. La PGJDF ya investiga.

     

  • Triunfo de Peña Nieto, ¿La Izquierda guarda fuerzas?
    Triunfo de Peña Nieto, ¿La Izquierda guarda fuerzas?

     

    La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, se concebía como el momento cumbre y más álgido del debate relacionado con las reformas estructurales aprobadas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

     

    Se preveía que la oposición emprendería una dura campaña, a través de protestas multitudinarias; que habría una incisiva resistencia al interior y en las inmediaciones de los recintos legislativos para generar un ambiente adverso a las discusiones; que los liderazgos opositores como Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y Cuauhtémoc Cárdenas, por el otro, se harían protagonistas y buscarían encabezar los ánimos populares contra las reformas.

     

    Nada de eso sucedió. Incluso llama la atención lo fácil que resultó superar algunos de los puntos que lograron generar cierta polémica. Tal es el caso del que se comenzó a manejar como el pemexproa, el cual aparecía como la última posible gran bandera opositora a las reformas en materia energética.

     

    Tampoco esto causó mayor problema. Se aprobaron las modificaciones a las leyes de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para facultarlas (ya como empresas productivas del Estado) para utilizar sus excedentes, y así cubrir los pasivos laborales de corto y largo plazo de pensiones y salud.

     

    La apuesta opositora de la izquierda luce desdibujada y dividida, débil en el contenido de sus críticas, incluso desinformada. Débil también en la fuerza de sus protestas. A la protesta más fuerte contra las leyes secundarias asistieron más de siete mil personas, pero no provino de los partidos (MORENA y PRD) sino de organizaciones campesinas como la Centra Cardenista y El Barzón.

     

    En realidad, no fueron protestas contra las leyes en general sino contra dos aspectos de las mismas: el riesgo de desplazamientos de ejidos y comunidades asentadas en potenciales yacimientos y el uso extensivo del agua por el fracking.

     

    Un buen número de analistas aseguran que tanto MORENA como el PRD guardan el tema para el año próximo, en el que harán campaña electoral bajo la bandera de la consulta popular sobre la propiedad del petróleo. En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descalifique las consultas, de cualquier manera es lógico suponer que harán campaña con base en la “traición” del gobierno peñista, el PRI y sus aliados (PAN, PVEM y Panal).

     

    No obstante, cabe preguntarse si este “guardar fuerzas” no significa otra cosa, por ejemplo debilidad política. Si bien es cierto que la nueva legislación en materia de energía es un cambio radical en el camino seguido en más de 70 años, lo cierto es que el tema no levantó mayor interés en la ciudadanía en general.

     

    Los protestantes fueron los mismos de siempre y en el mismo tono y argumentos de siempre. Las encuestas recientes levantadas sobre el tema señalan un profundo desconocimiento que puede ser interpretado como desinterés, lo que va en detrimento de los partidos opositores.

     

    Esta aparente debilidad de la izquierda podría tener causas más profundas. Desde hace años, el PRD está en una crisis a todos los niveles. Carece de proyecto de nación, no termina de abandonar el nacionalismo izquierdista ni adopta del todo los preceptos socialdemócratas. A su interior, es un conjunto de tribus con intereses varios y, lo más grave, no ha podido generar figuras que resulten atractivas para el electorado.

     

    Curiosamente, MORENA no tiene ese problema,  su ideología es anticuada, pero clara; no hay disputas a su interior y el liderazgo de AMLO le permitirá ser la figura a votar  en las elecciones de 2015. De alguna manera, él será el candidato de todos los distritos y puestos. Probablemente, este partido será el que mejor capitalice la lucha contra la privatización del petróleo.

     

    En el momento cumbre que el presidente Peña Nieto promulgue las leyes secundarias que completan la reforma energética, la izquierda deberá reflexionar si está en condiciones de ganar una consulta popular o simplemente es otro invento.

     

     

     

  • Chismes Ingenuos: Salario mínimo; ¿se va Neme luego del escándalo IAVE?...
    Chismes Ingenuos: Salario mínimo; ¿se va Neme luego del escándalo IAVE?...

     

    Salario mínimo; ¿se va Neme luego del escándalo IAVE?; un bono bien bonito para los diputados que aprobaron las leyes energéticas; Rodrigo Vallejo a la cárcel, ¿cuánto durará ahí?; ¿Quién ganará la presidencia del PRD, Cárdenas o Navarrete?; el mérito de las reformas

     

    - Que el gobierno federal trata de parar la discusión sobre los salarios mínimos, pero ya no estamos en los tiempos en que Los Pinos decidían de qué se hablaba y de que no. Mancera y Madero, cada uno por sus propias razones políticas, van con todo en el tema. La verdad es que los argumentos de la Secretaría del Trabajo para no entrarle a la discusión están para llorar.

     

    - Que luego del escándalo de la tarjeta IAVE, el titular de CAPUFE, Benito Neme, fue al Congreso a decirle a los senadores que él no fue, fue teté. Es decir, que las dos empresas fueron las culpables, como si la dependencia que encabeza no tuviera que supervisarlas. Por si fuera poco, ya andan diciendo que el presidente Peña Nieto está en el negocio del cambio de empresa encargada de la IAVE. A otros personajes un error de esta magnitud les costó la chamba. Y a Neme, ¿cuándo?

     

    - Que tremendo golpe les puso el diputado Ricardo Monreal al denunciar que la Cámara de Diputados les había dado un bono bien bonito por aprobar las leyes secundarias en materia energética. El golpe fue tal, que hasta el senador Jorge Luis Preciado (PAN) ya lo denunció. En total, se dice que les dieron a los diputados 129 millones de pesos por dicha aprobación, más de 250 mil por cabeza. Las explicaciones del área de Administración de la Cámara nomás no convencen.

     

    - Que Rodrigo Vallejo Mora se va a la cárcel es noticia vieja. El delito es encubrimiento, catalogado como leve, pero los jueces no le concedieron libertad ni amparo. El problema es si la PGR podrá probarle algún otro delito, de lo contrario el hijo del exgobernador michoacana saldrá antes del año. A ver si ahora sí la PGR lo logra.

    - Que ahora que el Ing. Cárdenas dice que está dispuesto a competir, Leonel Godoy, un personaje desprestigiado luego de su paso por el gobierno michoacano, les pide a Ebrard y Sotelo que retiren su candidatura para que el duelo sea Cárdenas contra Navarrete. En este duelo, dicen que ganará ¡AMLO!

     

    - Que a pesar de que el PAN grita a los cuatro vientos que el mérito de la reforma energética es suyo, para los del billete, sean nacionales o extranjeros, y para el resto de la clase política y los medios, fue obra de la habilidad política del presidente Peña Nieto y su grupo. Ahora que sacar al país del atolladero económico, esa ya es otra cosa.

     


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