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  • Chismes ingenuos
    Chismes ingenuos

    NO LOS UNE EL AMOR…-Cecilia Romero los llamó y ellos se juntaron a regañadientes. Acordaron que sus pupilos Luis Preciado y Roberto Gil, propusieran el chantaje: Más por leyes secundarias, menos por Oceanografía. Afuera, ya casi no se mencionan nombres; dentro del PAN, la guerra sigue.

     

    UN SELFIE EN LOS PINOS.- Cuando las acciones de ICA y Carso seguían cayendo por el cierre de la L-12, Slim le pidió el favor a Chaufett. Y ahí, antes de tomarse la foto con el Presidente y los “panzas verdes”, alguien recordó a propósito, que los que vienen del descenso pueden ser los campeones.

     

    LA BOCA DEL PEZ.-Cuentan sus cercanos que se lo dijeron: “No hables de más…”. Pero Alfredo Castillo no hizo caso, y ahora no saben cómo explicar lo del “tráfico de órganos”; la captura del extesorero que parece michoacanazo, y la consignación de Hipólito Mora, que parece por consigna.

     

    COMO QUE LA VIRGEN LE HABLA.- Dicen que Peña Nieto está muy molesto con el secretario Videgaray, porque encima de que sus experimentos casi provocan una recesión y restan la aprobación presidencial, el rorro esconde la cara las veces que puede y evita responsabilizarse siempre. 

     

    …YA MUCHAS VECES REVOLCADA.- Quienes aguantaron hasta el final la presentación del nuevo libro de AMLO, no se quejan porque fue un acto político desangelado, sino porque fue la misma novela del viejo personaje multimalvado; que está en todas partes y que nunca muere: Carlos Salinas.

     

    PACHUCA 4-0 TOLUCA.-A quienes se vio muy contentos desayunando en un lujoso restaurante, fue a los jefes del llamado grupo Hidalgo. ¿El motivo? No dan una sus rivales del bloque mexiquense, Alfredo Castillo, Renato Sales, Emilio Chuayfett y Luis Miranda. No dan una y van de mal en peor…

     

  • El caso Oceanografía
    El caso Oceanografía

    La información que se ha dado a la prensa acerca de la investigación que sigue la PGR en contra de Oceanografía, SA de CV, una de las empresas proveedoras de Pemex, parece escalar en sus connotaciones presuntamente delictivas.

     

     El 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam, anunció que se intervino a la empresa, con base en una denuncia presentada por Banamex, institución que detectó un fraude por casi 400 millones de dólares en créditos, supuestamente garantizados con facturas por cobrar a Pemex.

     

    Previamente, la compañía fue inhabilitada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación, luego de que Pemex encontró en una revisión interna, que al menos nueve contratos no habían sido cubiertos con el monto de fianza estipulado por ley, según publicó el Diario Oficial del 11 de febrero.

     

    En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el procurador Murillo precisó el 3 de marzo, que la investigación contra Oceanografía es por el delito de lavado de dinero. Ese día se supo también que en EU se ordenó investigar a Citigrup sobre el mismo delito y en relación con la empresa mencionada.

     

    A partir de ahí se han sucedido en cascada más reportes de irregularidades descubiertas en Oceanografía, como en el IMSS (cuyo titular presentó una denuncia penal contra la empresa, también por fraude), o en el Infonavit, en donde se detectó que la proveedora evadió por cuatro años el pago de cuotas.

     

    En los medios se ha documentado y especulado sin descanso, sobre la posible implicación de un sinúmero de políticos panistas, ya que el periodo en el que la empresa habría realizado los presuntos delitos  por los que se le investiga, engloba a los dos sexenios panistas. Se habla por una parte, del involucramiento de los hermanos Bribiesca, hijastros de Vicente Fox y socios de Oceanografía; también se ha mencionado a personajes cercanos a Calderón Hinojosa: César Nava y Juan Camilo Mouriño.

     

    De ahí que se haya generado una curiosa danza en los medios, por parte de connotados panistas, quienes han hecho declaraciones no para pedir que se aplique la ley sino para deslindarse del caso. Los corderistas señalan a Fox y los partidarios de Madero a los calderonistas. 

     

    Podría decirse que el campo de batalla de las facciones panistas (que ahora disputan la dirigencia del partido), se ha trasladado al ámbito de las pesquisas ministeriales sobre Oceanografía, y que es tal el denuedo con el que se acusan mutuamente que parecen confirmar que “algo se pudre” en Oceanografía.

     

    Sin embargo, dice bien el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando aclara que el caso involucra sólo a particulares…por ahora. Lo mismo podría deducirse de lo dicho por el secretario Miguel Osorio Chong, cuando aseguró que no hay persecución política en contra de ningún funcionario de administraciones pasadas…por ahora.

     

    Lo cierto es que, de acuerdo con lo informado hasta ahora por la PGR, las investigaciones sobre Oceanografía no parecen involucrar directamente a Pemex, aunque queda la duda de si alguien de mucho peso dentro de la paraestatal ayudó a que los ejecutivos de la empresa conseguieran créditos y otros recursos de manera fraudulenta.

     

    En respuesta, los senadores panistas han amenazado con bloquear las leyes secundarias en energía hasta que se concluya la investigación del caso. Es absurdo suponer que en unas semanas eso podría ser posible. En buen castellano, lo que están pidiendo es que se les exonere del caso o pararán la aprobación de la reina de las reformas.

     

    El asunto ha rebasado ya lo anecdótico y puede convertirse muy pronto en una especie de reto público para la administración de Peña Nieto, acerca de si será capaz de ir hasta el fondo en las investigaciones y castigar a los responsabes, aún y cuando ello lo enemiste con Vicente Fox, a quien se le considera su aliado político, o bien lo enfrente con el grupo de senadores corderistas, de quienes espera lo apoyen en las leyes secundarias en materia energética.

     

    En este sentido, el senador Miguel Barbosa (PRD) acusa que el PRI y el gobierno federal parecen evitar llegar al fondo del caso Oceanografía para no perder el apoyo de los legisladores panistas a la hora de las votaciones de las leyes secundarias. Una vez más, el senador Barbosa se adelanta a Andrés Manuel López Obrador en una formulación mediática, sin ninguna prueba que la avale.

  • Guerra en telecomunicaciones
    Guerra en telecomunicaciones

    La víspera de que se discutan en el Congreso las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, se ha suscitado un intenso debate entre los grandes operadores de este mercado en el país, el cual calificábamos en el análisis de la quincena anterior como un ejercicio “sano”.

     

    Es importante destacar que ese debate ha obligado a definiciones trascendentales de actores clave en este tema, como son el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia, el Ifetel, así como los grupos parlamentarios de PAN, PRI y PRD, quienes han perfilado la posibilidad de que las leyes secundarias aterricen sin menoscabo de la intención plantada en la reforma constitucional que las cobija: beneficiar a los usuarios.

     

    Las posiciones señaladas serán determinantes para lograr dicho objetivo de la Ley, en la medida en que parece claro que los llamados “poderes fácticos”, han mostrado su disposición a dar una batalla frontal para defender sus intereses, más ahora que fueron acotados en la hegemonía que mantienen en el área de las Telecomunicaciones.

     

    El organismo que regula las telecomunicaciones, declaró el viernes 7 de marzo, a Televisa y a Telmex-Telcel, como agentes preponderantes en el mercado de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, respectivamente, según dieron a conocer las empresas en sus informes del fallo a la BMV. En términos llanos, significa reducir al alcance de sus negocios y obligarlos a compartir infraestructura con sus competidores.

     

    Es claro que esta decisión representa un acotamiento real del carácter prácticamente monopólico con el que operaban estas empresas en México desde haca ya muchos años, y que no se quedarán sin responder con toda su fuerza para revertir las medidas.

  • Siguen las malas noticias económicas
    Siguen las malas noticias económicas

    Una serie de malas noticias económicas han permeado en el ánimo y en el bolsillo de grandes sectores poblacionales. Sin duda, la economía es el tema que debería preocupar más al gobierno del presidente Peña Nieto. 

     

    Un aspecto destacado que explica la caída en la aprobación del gobierno de Peña Nieto, según Mitofsky, es el aumento de impuestos. La mención de impuestos como principal problema del país pasa del lugar 11 al 5, con el mayor porcentaje de menciones que se ha obtenido en las encuestas levantadas en febrero desde el año 2001 hasta el 2014. Este es un eco de la reforma fiscal aprobada el año pasado y puesta en marcha a principios de enero de este 2014.

     

    Pero no es sólo este dato el que da cuenta del deterioro. El crecimiento del PIB de 2013, alcanzó apenas un aumento de 1.1 por ciento anual, lo cual representa menos de una tercera parte de las previsiones oficiales que lo ubicaban en 3.55%.

     

    Apenas el pasado 5 de marzo el Inegi informó que de acuerdo con los resultados más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos, tanto el coincidente como el adelantado, modificaron su trayectoria en diciembre y enero pasados, lo que muestra un deterioro en las señales de mejoría reportada en los boletines anteriores. En pocas palabras, se avizora otro año difícil para México.

     

    El Instituto de Geografía y Estadística había informado un día antes, que la confianza de los consumidores en México retrocedió 11.4% en el segundo mes del año, respecto al mismo periodo de 2012, para ubicarse en 84.5 puntos, si bien se detuvo la caída que venía mostrando en los meses previos.

     

    Puede ser que estos datos expliquen porque en febrero los especialistas del sector privado redujeron su expectativa de crecimiento económico del país para 2014 a 3.2 % frente al 3.4 % previo, según informó el Banco de México, el jueves 6 de marzo.

     

    Para Bank of America Merrill Lynch, el bache por el que atraviesa la economía mexicana se mantendrá en el segundo trimestre de 2014 y señala que con ese desempeño será muy difícil que el PIB reporte una cifra de crecimiento mayor a 3 por ciento para este año.

     

    En lo que se refiere a la creación de empleos formales, los especialistas no fueron más optimistas: en diciembre pasado proyectaban una creación de 631 mil empleos nuevos en 2014; en enero le bajaron a 607 mil --24 mil plazas menos-- y en febrero le aumentaron a 611 mil, un magro incremento de cuatro mil plazas.

     

    En medio de este momento económico, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, logró capotear al temporal, y aun apuntarse el logro de procesar un acuerdo fiscal con la IP del país, a partir de la promesa de que el gobierno no propondrá más impuestos por el resto del sexenio.

     

    Las malas noticias económicos (ninguna de los cuales se explica por problemas del entorno financiero internacional), empiezan a generar una peligrosa dinámica negativa que según algunos analistas, ya están contaminando a los mercados financieros.

     

  • Ecos estadísticos de la captura del Chapo Guzmán
    Ecos estadísticos de la captura del Chapo Guzmán

    La detención de Joaquín (Chapo) Guzmán Loera, jefe del cártel del Pacífico (CP), dejó para el gobierno federal el reconocimiento de que se trata de un éxito mayor en la lucha que libra México contra el crimen organizado desde hace varios años.

    La detención del capo significó, como se ha dicho, una auténtica bocanada de aire fresco para Peña Nieto en el tema de seguridad. El impacto en términos de opinión ciudadana se puede medir en dos encuestas de Mitofsky. En la primera de ellas (sondeo levantado entre el 6 de diciembre y 17 de febrero, es decir, cinco días antes de la captura de El Chapo): 

    La segunda de estas mediciones (levantada entre el 28 de febrero y el 4 de marzo), muestra que la aprobación al gobierno de Peña Nieto subió tres puntos porcentuales como resultado de la captura del líder del cártel del Pacífico.

     

    Por su parte, el Gabinete de Comunicación Estratégica presentó el 25 de febrero, un sondeo que buscó medir precísamente las repercusiones de la captura del líder del CP. En ese ejercicio, el 76.3% mencionó estar enterado de la detención, y casi un 80% lo consideró un hecho importante para México.

     

    El 26 de febrero, El Universal presentó la encuesta respectiva, en donde  75% consideró la captura como importante. Casi 60% consideró que la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado está funcionando bien o muy bien, frente a 32% que opinó lo contrario. Según el sondeo, dicha captura ayudó a mejorar la opinión sobre el presidente Enrique Peña Nieto.

     

    En tanto, una encuesta de BGC-Ulises Beltrán, publicada por Excélsior el 3 de marzo, señala que para la mayoría, la caída de El Chapo se trata más de un golpe espectacular para distraer la atención respecto de los problemas del país (60%) y no tanto de un logro que muestra la voluntad del Gobierno de combatir al crimen organizado.

     

    Asimismo, se cree poco o nada que por este hecho se debilite el tráfico de drogas en México (74%) y existen puntos de vista encontrados sobre si se abatirá la violencia: 43% cree que aumentará, en tanto 36% piensa que disminuirá. 

     

     

    De acuerdo con estas encuestas, se podría concluir que hay un reconocimiento importante hacia el gobierno federal por la captura de El Chapo, pero que se esperan más acciones relacionadas con esa detención;  ello si se atiende al dejo de desconfianza que se aprecia en los sondeos publicados hasta ahora.

     

  • Michoacán
    Michoacán

    El principal riesgo para el gobierno federal en Michoacán es estancarse en una estrategia que si bien ha logrado tranquilizar a la entidad, no parece desarrollarse a la velocidad necesaria a las siguientes fases.

     

    Es cierto que en estos días se dieron dos golpes relevantes: la muerte en un enfrentamiento de quien fuera el fundador de los caballeros templarios (CT), Nazario Moreno, y el decomiso de una gran cantidad de minerales, presumiblemente parte de las operaciones del cártel templario. También se corre el rumor que la captura de Servando Gómez, la Tuta, e inminente. Se dice que se le tiene cercado

     

    La muerte de “El Chayo”, anunciada el 9 de marzo, significó un triunfo de la estrategia del gobierno federal. Más allá de esto, tiene varios efectos: en primer lugar, muestra que la captura de “El Chapo” no fue un golpe de suerte, sino que hay operaciones policíacas y militares cimentadas en el trabajo de inteligencia.

     

    También es relevante el hecho de que el fin de la carrera delictiva de “El Chayo” se haya debido sólo a las autoridades mexicanas. No hubo en este caso una disputa con Estados Unidos (EUA) sobre a quién correspondía la gloria. 

     

    Tanto la captura de “El Chapo” como la muerte de “El Chayo” son un duro golpe a la estrategia y credibilidad del gobierno de Calderón. Los medios (y algunos panistas) destacaron la pifia de haber asegurado la muerte del líder templario a pesar de que no se tenía ninguna prueba de ello. 

     

    Aunque pasó a un segundo plano, no es menor el golpe dado al financiamiento ilegal de los CT con el decomiso (4 de marzo), de 119 mil toneladas de hierro y 124 vehículos de maquinaria pesada de procedencia extranjera, realizado por efectivos federales en el puerto de Lázaro Cárdenas.

     

    Esta acción no puede desligarse de un operativo federal implementado el 4 de noviembre pasado (justo hace tres meses), mediante el cual elementos de la Marina y del Ejército, asumieron el control de la seguridad al interior del puerto de Lázaro Cárdenas, en sus vías de acceso y en las calles del municipio. El comisionado Alfredo Castillo destacó que el decomiso evitó que más de 15 millones de dólares ingresaran a las arcas del crimen organizado que opera en la región.

     

    A pesar de esto, hay que tomar en cuenta que los CT no están derrotados. Algunos de los principales cabecillas se esconden y cuentan con recursos esperando que pase el temporal. 

     

    De manera complementaria, la desarticulación de la red de complicidades de funcionarios, empresarios y comerciantes, que permitieron la consolidación del grupo delictivo en la entidad, parece estar avanzando. El arresto de Humberto Suárez López, quien fuera secretario de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, puede significar un pequeño paso en la dirección correcta.

     

    Los avances en la concreción del Plan Michoacán no se ven. El único secretario de Estado que acude a la entidad con regularidad es Osorio Chong y el propio presidente Peña Nieto. De los demás o de sus representantes en el estado no se tienen noticias. Esta es una falla en la estrategia gubernamental que sigue privilegiando la acción de las fuerzas de seguridad. 

     

    La relación del gobierno federal con los grupos de autodefensa (GA) sigue descansando en un flan. Es necesario darle estabilidad, dejando claro que las autoridades federales son quienes llevan la batuta en las acciones a tomar. 

     

    Dos hechos muestran la probable infiltración del narco en las filas de los GA o al menos su descomposición: el pasado 8 de marzo fue asesinado Rafael Sánchez (conocido como “El Pollo”), un supuesto líder de autodefensas de Buenavista Tomatlán. Dos días después de ese asesinato, un grupo contrario a Hipólito Mora, lo desconoce y amenaza con un enfrentamiento en La Ruana. 

     

    Con relación a estos asesinatos, el 12 de marzo arrestan a Hipólito Mora por “su probable responsabilidad” en el asunto. El día 20, le dictan formal prisión. Este arresto, abre de nueva cuenta un connato de ruptura los días 15 y 16 de marzo, cuando Manuel Mireles declara, a través de un video, que el gobierno federal los usó y los traicionó. El lunes 17, el propio Mireles rectifica, pero queda clara la molestia que hay al interior de estos grupos.

     

    En suma, la relación con los GA sigue siendo inestable, en gran parte porque existen una serie de conflictos al interior de estas organizaciones, derivados de varias causas.

     

    Es claro que el comisionado Castillo Cervantes tiene la batuta política y mediática en el estado, pero a veces parece abarcar más de lo que puede controlar y se lanza a un protagonismo innecesario y riesgoso.

     

    Por ejemplo, el arresto de quien fuera el secretario de Finanzas de las administraciones perredistas, fue Castillo el que aviso del caso y quien comunicó su captura, a pesar de que claramente es un asunto local. ¿Por qué asumir el papel de virrey? 

     

    Otro caso fue el arresto de Hipólito Mora, el líder de las autodefensas en La Ruana. Ha sido el propio comisionado Castillo quien ha difundido los pormenores del caso, haciendo las veces de vocería del Poder Judicial. Simplemente, debió haberse hecho a un lado y señalar que es un asunto local en manos de las autoridades locales y los jueces. 

     

    Una tercera pifia tuvo que ver con el famoso asunto de los órganos que supuestamente se extraían a niños. Luego del arresto de Manuel Plancarte, sobrino de Enrique Kike Plancarte, uno de los líderes templarios, el comisionado indicó, en un primer momento, que el grupo delictivo tenía una red que secuestraba niños para traficar con sus órganos. Posteriormente, se corrigió a sí mismo y señaló que probablemente los templarios consumían órganos de niños como una especie de ritual iniciático. 

     

    Por supuesto, esta clase de notas activan inmediatamente el apetito de los medios, pero hace falta probarlo. Hasta ahora, el comisionado sólo tiene declaraciones, no se sabe de quien, y no cuenta con una sola prueba ni de tráfico ni de consumo. Este tema nos remite a oscuros eventos del pasado en el que han estado involucrados personajes como la famosa Paca o el mismo caso Paulette, algo que el comisionado debe recordar claramente.

  • Michoacán ¿qué hacer ahora con las autodefensas?
    Michoacán ¿qué hacer ahora con las autodefensas?

    Las cosas no marchan bien en la relación del comisionado Alfredo Castillo y los grupos de autodefensa (GA). Todo empezó el pasado 21 de febrero, cuando  los integrantes de las autodefensas de La Ruana anunciaron su separación del Consejo General de Autodefensas y el desconocimiento de la vocería de Estanislao Beltrán (alias papá Pitufo). 

     

    Los separatistas argumentaron que Beltrán “representa otros intereses” y está dando cobijo a extemplarios. A los que ha aceptado entre las filas de los GA. Como muestra de esto, los rupturistas dan una lista de aquellos a los que identifica como extemplarios. 

     

    Este grupo disidente se identificó como Michoacanos Unidos por la Paz y la Libertad USA (MUPL-USA) y reconocen como aliados a los GA de: Aquila, Coalcomán, Aguililla, Chila, Naranjo de Chila, El Aguaje, Apatzingán con el padre Goyo y una parte de Tepalcatepec. Anunciaron que esperaban el regreso del doctor Manuel Mireles para que se “incorpore a la lucha”.

     

    La ruptura duró un fin de semana. El 24 de febrero los líderes de las autodefensas declararon que estaban unidos (La Ruana). ¿Cómo fue que superaron la amenaza de ruptura? Al parecer, el acuerdo de unidad pasó por varios elementos. En primer lugar, la reincorporación de Manuel Mireles a labores de vocería y el reclamo de libertad para los integrantes de los GA arrestados el año pasado. 

     

    Al parecer, el acuerdo “de unidad” de las autodefensas también incluyó buscar una mayor autonomía del gobierno federal, representado por el comisionado Alfredo Castillo. Esta mayor autonomía se ha traducido en tomas de pueblos sin acuerdo con la autoridad, un ultimátum para que el gobierno federal libere a los integrantes de las autodefensas presos y la amenaza de entrar en Morelia.

     

    Ante esto, el comisionado Castillo advirtió a las autodefensas que si intentaban entrar armados en Morelia se encontrarían con las fuerzas federales. Hubo que convocar a una reunión urgente el 1 de marzo, en la que el comisionado y los líderes de los grupos irregulares llegaron a un nuevo acuerdo: los GA no entrarían a Morelia ni a zonas urbanas sin acordarlo con las autoridades.

     

    Pero los líos no han terminado. En Tepalcatepec y Apatzingán estos grupos han sacado materialmente a los alcaldes en funciones ante la complacencia de las autoridades federales y estatales. En este último municipio, el líder de los armados es un cura, el famoso padre Goyo (Gregorio López), quien hace política sin que, al parecer, la Secretaría de Gobernación se percate. Por otro lado, las quejas sobre los abusos de las autodefensas se multiplican.

     

    Es conveniente recordar que los caballeros templarios no están derrotados. A pesar del gran número de supuestos templarios arrestados, los principales cabecillas siguen en libertad. Adicionalmente, los decomisos de armas y recursos parecen relativamente bajos en comparación a los que se les atribuyen. Esto significa que los jefes templarios están escondidos y cuentan todavía con recursos a su disposición. Simplemente, parecen estar aguardando a que pase el temporal.

     

    Tampoco se ven avances en la desarticulación de la red de complicidades de funcionarios, empresarios y comerciantes que permitieron la consolidación de los CT en la entidad. Hasta donde se sabe, esa red está intacta y puede rehabilitarse sea a favor de los templarios o bien de otro cártel. 

     

    El principal riesgo para el gobierno federal en las siguientes semanas es el estancarse en una estrategia que hasta ahora ha traído cierta tranquilidad a Michoacán, pero que no parece avanzar con la velocidad necesaria a las siguientes fases. 

     

  • La captura del Chapo: Análisis
    La captura del Chapo: Análisis

    De acuerdo a la información periodística, Joaquín (Chapo) Guzmán Loera, jefe del cártel del Pacífico (CP), fue capturado por elementos de la Marina de México al filo de las 6:40 horas del sábado 22 de febrero en un hotel de Mazatlán, Sinaloa.

     

    La agencia noticiosa Associated Press (AP) fue la primera fuente que reportó la captura en los Estados Unidos, menos de tres horas después de ocurrido. La noticia casi inmediatamente un tema viral en redes sociales y fue retomada por los principales medios de México y el mundo.

     

     El gobierno mexicano avisó que daría una conferencia de prensa, pero esta se fue posponiendo una y otra vez. Tampoco hubo claridad sobre quien daría dicha conferencia. Por horas, no se afirmó ni se negó que el hombre capturado fuera el Chapo Guzmán. 

     

    La confirmación de que era el Chapo Guzmán la dio el mismo presidente de la República, EPN, por medio de un tuiter emitido después de la una de la tarde, más de seis horas después de la captura y casi cuatro horas después que los medios norteamericanos dieran por buena la noticia.

     

    Poco después, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue el encargado de dar más detalles sobre la captura del narcotraficante más buscado del mundo. Las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en felicitar la acción de la Marina fue el expresidente Calderón por medio de un tuiter. En general, los panistas resaltaron la captura y, salvo excepciones, reconocieron que era un golpe formidable al CP.

     

    AMLO y Morena destacaron dos cosas: que la captura no resolvía el problema de fondo y que se trataba de una cortina de humo. Una obviedad y un lugar común. El resto de la izquierda fue en la misma dirección: sospechas, poco reconocimiento y lugares comunes.

     

    Los gobernadores y el jefe del Distrito Federal felicitaron al gobierno federal y en especial a las fuerzas armadas por la captura de Guzmán Loera. Lo mismo, sectores privados mexicanos y gobiernos de varios países. Medios internacionales también resaltaron el tema.

     

    El martes 25 de febrero se dictó el primero de muchos autos de formal prisión a Joaquín Guzmán Loera. Este mismo día, el secretario Osorio Chong aclaró que no se le ofreció ser testigo protegido, como aseguró el titular de La Jornada de ese día. 

     

    Por supuesto, en el transcurso de los días se han dicho y escrito un número importante de propuestas alrededor de la captura, muchas de las cuales rayan en el absurdo, la calumnia, la idea sin bases o simplemente forman parte de una agenda política, como en el caso de AMLO.

     

    Una encuesta del Gabinete de Comunicación estratégica (GCE), dada a conocer el mismo 25, señala que casi un 80% de mexicanos concede importancia a la captura del narcotraficante. Más de un 50% cree que el mérito de este operativo recae en alguna dependencia del gobierno federal (Marina, Ejército, Policía Federal, etc.). 

     

    La mitad de los encuestados cree que ahora sí se quedará en prisión y casi el 50% no están de acuerdo en que se cambie información proveniente del Chapo por una menor condena. Con relación al delicado tema de la extradición, un poco más de la mitad de los encuestados cree que debería ser primero juzgado aquí.

     

    El 70% de los encuestados cree que en los pasados 13 años no pudo ser capturado debido a que era protegido por una autoridad federal. Esta es una reedición de la vieja idea de que fue protegido por los gobiernos panistas.

     

    Hasta aquí una breve cronología de hechos. Al respecto, cabe analizar tres aspectos del tema: la captura, la narrativa de los hechos o cómo el gobierno federal cuenta sus acciones y la extradición.

     

    Muchos miembros del círculo rojo han asegurado que el gobierno federal se tardó mucho en afirmar la captura del Chapo Guzmán. Esto puede ser cierto, pero también hay un elemento que no se ha analizado de manera suficiente: las autoridades de la DEA pudieron haber roto un acuerdo que los comprometía a aguardar hasta que el gobierno mexicano diera a conocer la noticia. 

     

    Más allá de esto, al gobierno mexicano le faltó una narrativa adecuada de los hechos. Si bien fue correcta la presentación que hiciera el procurador Murillo Karam el sábado 22, alejada de la parafernalia calderonista, ningún funcionario hizo la mencionada narrativa posteriormente.

     

    Se dejó la narrativa a los medios, a Televisa y el videorreportaje, a los diarios norteamericanos fuertemente influidos por el punto de vista de EUA y a medios mexicanos muy críticos con el gobierno federal. Esto dio pie a la interpretación facciosa e incluso a la exageración y a la mentira.

     

    En esta ausencia, personajes como Phil Jordan, exdirector de inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, y quien curiosamente tiene más de una década de retirado, pudo asegurar sin ninguna evidencia que el Chapo dio fuertes cantidades de dinero para la campaña de Peña Nieto. En el colmo, aseguró que en la década pasada, el PRI protegió al narcotraficante, sin importarle el hecho de que en el gobierno federal no estaba el PRI, sino el PAN.

     

    De igual manera, otro personaje, el exagente de la DEA Héctor Berréllez, afirma que la captura del Chapo fue pactada para, entre otras cosas, dejarle el campo libre al “capo de capos” Rafael Caro Quintero. Este exagente fue el que recientemente aseguró que al Kiki Camarena lo asesinó la CIA. Otro “testimonio” que fue parte de la narrativa de los medios.

     

     Muchas de estas especulaciones y “teorías” se hubieran evitado si el gobierno federal hubiera recurrido a su propia narrativa. Se ha preferido la información en retazos y se ha incurrido en errores.

     

    Hacia el futuro, habrá una enorme presión de las autoridades norteamericanas para extraditar al capo del CP, pero por lo pronto es difícil acceder a esa petición ya que a Guzmán Loera le falta por purgar una condena pendiente. Las encuestas están señalando que una ligera mayoría cree que debería ser juzgado aquí. 

     

  • ¿Se queda a vivir el gobierno federal en Michoacán?
    ¿Se queda a vivir el gobierno federal en Michoacán?

    A poco más de un mes de la firma del Acuerdo para la Seguridad en Michoacán, el gobierno federal ha logrado revertir la inercia mediática acerca de su incapacidad para controlar el clima de inseguridad que reinaba en la región de Tierra Caliente del estado, así como el vistoso activismo de los grupos de autodefensa, surgidos para enfrentar al cártel de “Los Caballeros Templarios” (CCT), presentes en casi toda la vida cotidiana de esa zona.

     

    El gobierno federal tenía que enfrentar la expansión de las autodefensas y, al mismo tiempo, combatir la violencia en Michoacán. La respuesta oficial fue en dos niveles. La primera de ellas fue firmar un acuerdo (27 de enero pasado) entre los gobiernos federal y el de Michoacán con grupos de autodefensa. La segunda, fue un vasto programa de inversión pública para el estado.

     

    El primer acuerdo institucionaliza a los civiles armados, ya sea a través de los cuerpos de defensa rurales o la policía municipal; los obliga a registrar las armas y a señalar quienes las portan. En contraparte, los gobiernos se obligan a mantener la comunicación con los líderes de este movimiento y a revisar la situación de los recursos de los municipios en conflicto, así como la rotación de los ministerios públicos de la región, entre otras cosas.

     

    La segunda gran respuesta para la entidad fue el anuncio de un vasto programa denominado: “Por Michoacán, juntos lo vamos a lograr”, presentado el pasado 4 de febrero. La presentación de este programa logró en lo inmediato dos resultados. Por una parte, se vio más involucrado al gobierno de Fausto Vallejo, al que se le dio su lugar en la reunión. Por otra parte, se rompió con la idea de que la estrategia de Peña para el estado es copia de la que implementó Calderón.

     

    Este plan se ha ido implementando con una lentitud que extraña, dado el carácter de urgente y prioritario que le imprimió el Jefe del Ejecutivo al anunciarlo, y que sólo puede explicarse por el hecho de que los recursos no han sido liberados (como parece que ocurre con buena parte del presupuesto programado por este año, acaso debido a un control inflacionario). 

     

    Recientemente, el comisionado Alfredo Castillo llevó a cabo un balance de lo alcanzado por el gobierno federal hasta el momento. Se trata de un recuento necesario en el que destacan logros que no son menores, como es la recuperación de territorio y de un clima de seguridad; el aparente acorralamiento de “Los Caballeros Templarios”, así como la captura de un importante número de delincuentes de este grupo, entre ellos, dos de los siete capos reclamados por las autodefensas, así como un inconcluso registro de armas de los civiles que las conforman.

     

    El gobierno federal tendrá que implementar aun acciones para desarticular las redes de corrupción en el estado; la detonación de la actividad económica a partir de la aplicación clara de las inversiones comprometidas; el combate a los canales de tráfico de armas (de donde se nutren tanto delincuentes como autodefensas), así como una definición del modo en que serán reinsertados institucionalmente esos grupos. 

     

    Le queda mucho tiempo a la presencia del gobierno federal en la entidad.

  • El segundo round: las leyes secundarias
    El segundo round: las leyes secundarias

    Entre las leyes secundarias que habrán de modificarse y aquellas que tiene agendado el Congreso de la Unión suman cerca de 100 iniciativas, mismas que idealmente tendrían que ser sancionadas. Si el trabajo legislativo del año pasado fue inédito, la tarea de procesar tal cantidad de iniciativas parece casi imposible de alcanzar, al menos en este periodo que inició el 1 de febrero.

     

    Aunado a esto, el procesamiento de estas leyes se cruza con los procesos internos del PAN y del PRD para elegir direcciones nacionales. Más aún, el PRD tendrá la necesidad de disputar la vanguardia del movimiento anti reforma energética con Morena. A su vez, esta última agrupación y su líder, AMLO, se dedicarán de tiempo completo a luchar contra las reformas estructurales, probablemente acompañados de organizaciones como la CNTE y el SME. Un circo de múltiples pistas para el gobierno federal.

     

    De entre todo el universo de leyes secundarias destacan, por diversas razones, las que emanan de las reformas mayores: telecomunicaciones, energética, política electoral, de competencia económica y de transparencia, sin descartar la importancia de la reforma política del DF y la ley que regulará la consulta popular.

     

    La urgencia de aprobar las leyes secundarias en materia energética es obvia. Representan la concreción de la reforma madre, la que en teoría dinamizará la economía y en la que los capitales, nacionales y extranjeros, están más interesados, en tanto que las leyes que aterrizarán la reforma político electoral son urgentes. Deberán estar aprobadas y aplicadas a más tardar en junio próximo para que surtan efecto en las elecciones federales del próximo año.

     

    Contrario a lo esperado, es la reforma en telecomunicaciones la que genera ya movimientos y emplazamientos contra el gobierno federal, por parte de los grupos de interés que lo presionan desde varios frentes. 

     

    Por otra parte, parece que la definición de la administración federal respecto de las leyes secundarias en materia económica (telecomunicaciones y de competencia), tiene el propósito de acotar a los monopolios que hay en el país y de buscar la recuperación para el Estado de ciertos mecanismos que le pemitan controlar algunas variables que de otra suerte dan poder y fuerza a los llamados poderes fácticos. Es claro que esta batalla es la fundamental dentro de toda la discusión legislativa, y no será fácil de ganar.

     

    De este modo, dentro de la Ley Federal de Competencia Económica, cuyos ordenamientos particulares empiezan a discutirse, se buscará dar autonomía y fuerza a la Comisión Federal de Competencia, para ligar sus facultades a las de otras dependencias, especialmente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

     

    Frente a esta lógica, la IP se prepara para evitar que se debilite la potencia de lo que llaman “grandes empresas”, o que los cambios legislativos generen un desequilibrio de fuerzas a favor de uno u otro de los grupos empresariales dominantes, al tiempo que tratará de mantener la lógica del laissez faire, laissez passer, es decir una completa libertad en materia económica.

     

    Sin embargo, el gobierno federal y la oposición en el Congreso se toman su tiempo. Apenas este lunes se anunció un supuesto “Pacto por el Senado”, acordado por las bancadas del PAN, PRI y PRD, que si bien define un método para la dicusión y supone diversas alianzas para procesar 79 de las cerca de 100 iniciativas pendientes, no contempla acuerdos para lo mismo con la Cámara de Diputados, lo cual podría agravar el ya inminente retraso. En suma, todo está por verse.


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